Tras el levantamiento del cepo, la economía argentina deberá encarar una serie de cambios estructurales.
Por Miguel Rouco
Luego del tan ansiado levantamiento -aunque parcial-, del cepo, la economía argentina deberá encarar una serie de reformas estructurales que le permitan salir de la parálisis en que se encuentra desde hace décadas.
En efecto, la economía aun no está dando señales de una recuperación más rápida debido a que el entramado legal tanto en el sistema impositivo, previsional y laboral impide una recuperación más intensa.
A pesar de ello, la caída de la inflación muestra que los niveles de consumo están tenuemente reaccionando y la economía evidencia síntomas de una recuperación absoluta a un ritmo del 5% anual.
Lo que impide una recuperación más rápida son las enormes trabas que presenta la legislación y la abrumadora madeja normativa que conspira contra la contratación de mano de obra y mejorar la calidad de la vida de la sociedad.
El peso de los impuestos tasas y contribuciones sobre los costos de producción disuaden a los empresarios de animarse a contratar gente y a realizar nuevas inversiones.
La carga fiscal sobre los costos de producción hacen que el precio de los bienes y servicios sea superlativo respecto de los paupérrimos niveles salariales, tambien afectados por la carga fiscal.
Dicho en términos más simples, hoy la economía argentina muestra precios de bienes y servicios de Suiza y salarios del Congo. El resultado no es otro que ausencia de mercado. De allí, los efectos de la recesión.
Mientras tanto, el sinceramiento cambiario sigue su marcha y el dólar se acerca a niveles similares a la cotización oficial previo al levantamiento del cepo.
Cuanto antes ocurran las reformas estructurales más rápida será la recuperación económica y la mejora del empleo y la calidad de vida de la población.
Sin embargo, en el medio el gobierno puede encarar desregulaciones que permitan mejorar las condiciones del mercado y la vida de la sociedad.
A modo de ejemplo, el gobierno deberá encarar una rápida solución a la abrupta caída de la infraestructura física tanto de la red vial como de la energética.
Al mismo tiempo puede aplicar una fuerte desregulación en los mercados concentradores de alimentos con el objetivo de reducir costos de intermediación y abaratar los precios de la canasta básica.
Otro punto que deberá corregir el gobierno pasa por los costos de la atención de la salud de la población. El aumento de los seguros médicos está provocando que gran parte de la población abandone el sistema privado y se atienda en la red pública, lo que se traduce en un colapso del sistema sanitario.
Algo similar ocurre con el precio de los medicamentos que supera ampliamente los precios de productos similares en naciones de alto poder adquisitivo con los Estados Unidos y la Unión Europea.
Son medidas que se pueden ir tomando sin tener que pasar por el Congreso y menos en un año electoral que condiciona fuertemente la actividad legislativa.
