En Cambiemos quieren evitar más presiones sobre los legisladores que puedan hacer variar el voto, como podría ocurrir con Argentina Federal. Ayer, el dictamen tuvo luz verde de 40 sobre 80.
Tras el dictamen de mayoría conseguido en un tumultuoso plenario de comisiones, el oficialismo decidió acelerar los tiempos y convocó a una sesión especial para mañana, con el objetivo de convertir en ley la reforma previsional que pretende el Gobierno y que generó el rechazo de la oposición y los gremios. La sesión fue convocada para las 14:00, y el temario a su vez incluye el tratamiento del proyecto de reforma tributaria, que también obtuvo dictamen de mayoría el martes pasado, y podría recibir media sanción.
La convocatoria desencadenó la inmediata reacción de los sectores sociales que resisten la medida, y que llamaron a concentrar masivamente este jueves en las puertas del Congreso, junto con un cese de actividades. El interbloque Cambiemos considera que, aunque ajustado, tendría el número suficiente de votos para aprobar la norma, la cual ya cuenta con media sanción del Senado, a partir de la venia de los gobernadores.
Después del agitado plenario de comisiones de este martes, en el que un nutrido grupo de jubilados abucheó e insultó durante horas a los funcionarios del Gobierno que concurrieron a la cita para defender la medida, el oficialismo decidió apurar el tratamiento de la reforma para evitar protestas. El Gobierno quiere evitar más presiones sobre los legisladores que puedan hacer variar el voto, como podría ocurrir con el interbloque Argentina Federal que en principio tiene voluntad de acompañar el proyecto.
El dictamen de mayoría cosechó el martes 40 firmas de los 80 integrantes que conforman las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Previsión y Seguridad Social. Además de los representantes de Cambiemos, suscribieron el despacho Norma Abdala de Matarazzo (Frente Cívico por Santiago) y cinco integrantes de Argentina Federal: Juan Mosqueda (bloque Justicialista), José Orellana (Justicialista por Tucumán), Jorge Franco (Frente de la Concordia misionero), Paulo Cassinerio (Unión por Córdoba) y Martín LLaryora (Unión por Córdoba).
Más allá de 105 diputados propios ya garantizados (el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, no sufraga), Cambiemos necesitará sumar 24 votos adicionales para asegurarse la aprobación. Al margen de los votos de algunos aliados tradicionales del oficialismo, como Alfredo Olmedo, el oficialismo ya se granjeó el apoyo de los seis diputados del Frente Cívico por Santiago, y está expectante respecto de cómo se divida el voto en el interbloque Argentina Federal, que en definitiva es el que decidirá la suerte de la norma.
Allí no hay una postura unificada, pero más allá de las posturas de algunos diputados como Diego Bossio y Eduardo «Bali» Bucca, parece improbable que aquellos legisladores del Interior que responden a mandatarios provinciales terminen dándole la espalda a una ley que acordada por ellos con el Gobierno, y que en el Senado ya fue avalada por el «bloque espejo» que lidera Miguel Pichetto. Por lo pronto, el frente de la Concordia misionero (cinco diputados) rubricó el dictamen y es muy probable que mantenga esa postura en el recinto, al igual que los cordobeses y los tucumanos del interbloque «federal».
Sin embargo, según supo NA, la postura mayoritaria del BJ (que integra Argentina Federal) sería de rechazo a la reforma, abultando de esa manera la cifra de votos negativos. De todos modos, si el oficialismo logra sentar en sus bancas a todos sus diputados, la sola ausencia de legisladores opositores podría facilitarle la tarea, ya que las cuentas preliminares lo dejan al borde del quórum propio, con alrededor de 127 votos ya garantizados.
Por la negativa, cierran filas los diputados del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador-UNA, la izquierda, el Movimiento Evita, la mayoría de los representantes del BJ y un puñado de monobloques. También se pondrá en consideración el proyecto de revalúo impositivo y contable que modifica la ley de Impuesto a las Ganancias, la inciativa que propone la designación de parlamentarios en el Comité de Lucha contra la Tortura, y la autorización al presidente Mauricio Macri para que se ausente del país durante 2018 por razones de Gobierno.
