Mientras que diferentes países han aplicado la despenalización del uso médico para dejar de tipificarlo como delito, otros lo han legalizado, por lo que está permitido y regulado. Cómo es el panorama en la Argentina.
Diversos estudios científicos alrededor del mundo han estudiado y probado las propiedades medicinales que tienen algunos principios activos presentes en la planta de cannabis.
Mientras que diferentes países han aplicado la despenalización del uso médico para dejar de tipificarlo como delito, otros países lo han legalizado, por lo que está permitido y regulado.
En la Argentina, la ley reglamentada el 22 de septiembre de 2017, “tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.
La iniciativa, además, creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.
«La provisión de aceite de Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de Cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la Autoridad de Aplicación», indica la ley.
Sin embargo, según un informe que se refiere a la situación de la Ley 27.350 en la actualidad, los principales puntos que debían mejorar la problemática, no se llevaron a cabo.
“La Ley debía proteger a los usuarios y familiares que cultivaban en sus hogares para mejorar la calidad de vida y no modificó en absoluto esto, la ley debía generar mecanismos de acceso a la planta de cannabis y sus derivados tanto gratuitos y no gratuitos a través de facilitar y promover la producción pública y privada, tampoco se avanzó en eso y, por último, la ley tampoco posibilitó la investigación”, sostiene el texto.
Hace algunos meses, Silvia Kochen, investigadora principal del CONICET y profesora adjunta de Neurología en la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró que «en nuestro país tenemos todos los recursos técnicos y profesionales para poder plantar, producir, comercializar e investigar el cannabis».
«También contamos con recursos para controlar una posible producción de autocultivo que pudiera hacer una familia. Es decir, tenemos todas las posibilidades, por eso necesitamos que haya una decisión política de mejorar la implementación de la ley», añadió en la misma línea que el informe.
Excepto Córdoba, Formoso y la ciudad de Buenos Aires, todas las provincias regularon previamente o se adhirieron a la ley nacional pero sin contemplar el autocultivo. En tanto, La Plata, Resistencia e Ituzaingó, entre otros, presentaron sus propios proyectos.
Por ese motivo, el foco está puesto en intentar conseguir una posible mejoría de la ley, que, según el informe, se podría obtener a través de “dos vías”: “Una a corto plazo que implica derogar el Decreto Reglamentario 738/2017 publicado el 22-09-2017 y presentar uno nuevo donde los principales puntos sean mejorar el funcionamiento del Programa, priorizando que facilite el acceso a los tratamientos con derivados de cannabis”, propone.
Y cierra: “La otra opción es presentar una nueva ley que contemple los puntos mencionados, aunque sabemos que eso sería a largo plazo”.
