El juez federal consideró que los hechos denunciados no configuran delito. Se trata de una denuncia que había presentado un grupo de diputados del Frente para la Victoria contra el Presidente, Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger.
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia que el mes pasado formularon un grupo de diputados del Frente para la Victoria contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay y el presidente de la Nación Mauricio Macri, relacionados con la política económica del actual gobierno, específicamente, con la estrategia del gobierno de sostenimiento de la cotización del peso frente al dólar mediante la emisión de Lebacs por parte del Banco Central, así como también mediante el endeudamiento externo, todo ello denunciado por los legisladores opositores como defraudatorios y perjudiciales al Estado Nacional.
La fiscal Paloma Ochoa había pedido una serie de medidas de prueba la semana pasada para reunir la documentación correspondiente. Pero el juez entendió que los hechos denunciados no configuran delito alguno y por lo tanto no resulta posible abrir una causa penal.
En la resolución de desestimación, el juez Rafecas sostuvo que “…los distintos aspectos de la política económica denunciados por los legisladores y efectivamente adoptadas por los funcionarios del Gobierno, conforme resulta de público y notorio, se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación”.
Y que, por lo tanto, “…los actos cuestionados en el presente se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, pues no le corresponde al Poder Judicial la evaluación de políticas económico-financieras llevadas adelante por los demás poderes del Estado Nacional”.
“La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado «gobierno de los jueces», o más modernamente, la «judicialización de la política», a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced de otro, como consecuencia de trasladar la gestión cotidiana de la administración, propia del Poder Ejecutivo, a los tribunales judiciales”.
(Fuente: Será Justicia).
