La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra de los aumentos de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires y opinó que el Gobierno debería haber promovido la realización de audiencias públicas para determinar la nueva tarifa.
El dictamen de la Procuraduría llega horas antes de que se conozca la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se presume, avalara el aumento de tarifas. El dictamen de Gils Carbó era necesario para que la Corte se pueda expedir, pero no es vinculante, por lo que no tiene porque haber relación entre el dictamen y el fallo.
Gils Carbó entendió hoy que las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, perjudicaron principalmente a los usuarios y consumidores: “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica (…). De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.
“En materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (.) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”, exigió. (Fuente Será Justicia).
