La joven de 18 años tenía su cuenta suspendida desde hacía ocho meses antes del crimen. La empresa aseguró que no alertó a la policía porque no detectó indicios de un ataque inminente.
La provincia canadiense de Columbia Británica anunció que prepara una demanda contra OpenAI por presuntas fallas en el manejo de información vinculada a la autora del tiroteo ocurrido en febrero de este año en una escuela de Tumbler Ridge, donde murieron seis personas y más de 20 resultaron heridas.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la fiscal general de la provincia, Niki Sharma, informó que el Gobierno busca responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial y a sus directivos por no haber alertado a las fuerzas de seguridad sobre las consultas de contenido violento que la atacante había realizado en ChatGPT antes de cometer el crimen.
«La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a OpenAI y a sus directivos por no haber notificado a las fuerzas de seguridad sobre las consultas violentas realizadas en su plataforma ChatGPT por la autora antes de la tragedia en Tumbler Ridge», sostuvo la funcionaria.
La cuenta había sido suspendida meses antes
La atacante, identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años, había sido vinculada a una cuenta de ChatGPT que fue suspendida por OpenAI en junio de 2025, ocho meses antes del ataque.
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De acuerdo con la compañía, la cuenta fue bloqueada por preocupaciones relacionadas con un posible uso vinculado a actividades violentas. Sin embargo, la empresa aseguró que no notificó a la policía porque, según su evaluación, no existían indicios de un ataque inminente.
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Cómo fue el ataque en la escuela
El 10 de febrero, la joven asesinó primero a su madre y a su medio hermano de 11 años en su vivienda. Horas después se dirigió a un establecimiento educativo de Tumbler Ridge, una pequeña localidad minera de unos 2.400 habitantes en Columbia Británica.
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Tras recibirse una denuncia por un tirador activo, la escuela activó el protocolo de emergencia para resguardar a estudiantes y docentes.
La biblioteca fue el principal escenario del ataque. Allí, una profesora y cinco alumnos de entre 12 y 13 años fueron asesinados. Más de 20 personas resultaron heridas. Posteriormente, las autoridades encontraron el cuerpo de la atacante dentro del establecimiento y concluyeron que se quitó la vida.
Un caso en Brasil reabrió el debate
La decisión de Columbia Británica se conoce pocas semanas después de otro episodio en el que una conversación con ChatGPT derivó en una intervención policial.
En junio, un hombre de 36 años fue detenido en el estado brasileño de Espírito Santo tras revelar en conversaciones con la inteligencia artificial un supuesto plan para asesinar a su hijo de ocho años con el objetivo de dejar de pagar la manutención a su expareja.
Según la investigación, OpenAI informó sobre el contenido de esas conversaciones a las autoridades estadounidenses. El FBI emitió una alerta que luego fue enviada al Ministerio de Justicia de Brasil y, posteriormente, a la Policía Civil de Espírito Santo.
El sospechoso fue detenido durante un operativo en la localidad rural de Farturinha. Aunque negó haber tenido intención de matar al menor, los investigadores secuestraron su teléfono celular y otros elementos que continúan siendo analizados.
El debate sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial
La demanda que impulsa Columbia Británica vuelve a poner en el centro del debate cuál debe ser el rol de las empresas de inteligencia artificial frente a usuarios que realizan consultas relacionadas con posibles actos de violencia.
Mientras OpenAI sostiene que solo comparte información con las autoridades cuando detecta un riesgo inminente o cuando la ley lo exige, el Gobierno canadiense considera que, en este caso, la empresa debió haber actuado antes para intentar evitar la tragedia.
