La iniciativa de Giorgia Meloni obtuvo el visto bueno del Senado. Enterate cuáles son las nuevas restricciones.
El Parlamento italiano aprobó con 137 votos a favor y 87 en contra la iniciativa impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, la cual limita el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. Esta medida, de corte nacionalista, modifica de forma sustancial el sistema del «derecho de sangre» (ius sanguinis), permitiendo acceder a la ciudadanía únicamente a quienes tengan un padre o abuelo que haya sido ciudadano italiano. Esto deja fuera a miles de argentinos —en su mayoría bisnietos— que ya se encontraban en proceso de tramitar su ciudadanía.
Aunque existe la posibilidad de que esta reforma sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Italia, por el momento no hay novedades judiciales al respecto.
Uno de los puntos más controversiales de esta nueva legislación se encuentra en el artículo 3-bis del decreto, el cual establece que el ascendiente directo debe haber sido exclusivamente ciudadano italiano al momento de su fallecimiento. En otras palabras, si ese familiar se naturalizó como ciudadano de otro país antes de morir, el trámite para obtener la ciudadanía será automáticamente rechazado.
El decreto-ley, presentado bajo el argumento de necesidad y urgencia, ya entró en vigencia. No obstante, aquellas personas que hayan obtenido turno antes del 27 de marzo de 2025 se regirán por la normativa anterior, incluso si presentaron la carpeta de documentación después de esa fecha. Además, los hijos menores de ciudadanos italianos podrán ser inscritos hasta mayo de 2026 si nacieron antes de la fecha límite (27 de marzo), y hasta un año después de su nacimiento si lo hacen con posterioridad a dicha fecha.
Según los datos de 2024, Argentina lidera ampliamente la lista de países con más reconocimientos de ciudadanía italiana: se otorgaron más de 30.000 ciudadanías a argentinos en ese año.
Es importante señalar que los argentinos que están casados con ciudadanos italianos aún conservan el derecho de adquirir la ciudadanía a través de su cónyuge. Esta modalidad no fue modificada por la nueva normativa.
Se prevé que numerosos argentinos presenten recursos de amparo contra la aplicación retroactiva de esta ley. Sin embargo, este tipo de acciones legales son de carácter privado y requieren asumir los costos asociados al proceso judicial.
