Denuncias e incumplimientos judiciales ponen en riesgo para la salud de miles de familias.
La salud de más de 700.000 trabajadores rurales y sus familias en Argentina se encuentra en una situación crítica tras casi tres meses de intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Según informó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), la intervención, iniciada el 26 de octubre de 2024, buscaba reemplazar al Consejo Directivo de la obra social.
Sin embargo, desde entonces, se han acumulado denuncias por interrupciones en la entrega de medicamentos esenciales, cortes en servicios médicos y el incumplimiento de sentencias judiciales, lo que ha puesto en grave riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y discapacidades.
De acuerdo con lo publicado por diversas fuentes, la situación ha derivado en 21 casos judicializados en todo el país, de los cuales al menos cuatro han escalado a instancias penales debido a la desobediencia de la obra social a órdenes judiciales. Entre los afectados se encuentran pacientes que requieren tratamientos oncológicos, cirugías urgentes y medicamentos de alto costo, quienes han visto interrumpidos sus tratamientos, agravando sus condiciones de salud.
Un mapa de incumplimientos: casos judicializados en todo el país
Los casos judicializados se distribuyen en varias provincias argentinas, reflejando la magnitud del problema. En la Provincia de Buenos Aires, se registraron ocho casos en localidades como Junín, Necochea, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. En esta última ciudad, una causa penal fue iniciada por desobediencia judicial, luego de que la obra social no cumpliera con la entrega de medicamentos esenciales para un paciente. Según consignó la fuente, esta causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 bajo el expediente 16-00-013206-24100.
En Santa Fe, dos casos han llegado a la justicia. Uno de ellos involucra a un paciente con discapacidad que no ha recibido la medicación y el tratamiento necesarios, mientras que el otro corresponde a una mujer que necesita una cirugía y una prótesis para su muñeca izquierda. Ambos casos cuentan con sentencias incumplidas, lo que ha llevado a nuevas denuncias.
En Córdoba, se reportaron cuatro casos, incluyendo uno en Río Cuarto, donde un paciente con necrosis avascular bilateral espera una prótesis para una cirugía de cadera. Este caso también derivó en una denuncia penal. En Villa María, dos pacientes oncológicas denunciaron la suspensión de sus tratamientos de quimioterapia, mientras que en la ciudad de Córdoba, un paciente con trastornos psiquiátricos graves enfrenta la falta de acceso a su tratamiento.
Otras provincias afectadas incluyen Entre Ríos, con un caso en Concordia relacionado con la falta de entrega de medicamentos para hemofilia; Río Negro, donde un paciente con leucemia en General Roca no ha recibido su medicación, lo que resultó en una multa de 840.000 pesos argentinos (aproximadamente 2.400 dólares estadounidenses); y Salta, donde una menor de edad con cáncer vio interrumpido su tratamiento oncológico, lo que llevó a una denuncia penal. En Tucumán, se registraron cuatro casos, uno de ellos también en instancia penal.
Medicamentos y tratamientos interrumpidos
El medio detalló que uno de los problemas más graves tras la intervención ha sido la interrupción en la provisión de medicamentos, especialmente aquellos de alto costo y destinados a enfermedades crónicas o graves. Pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, insuficiencia renal, epilepsia y otras patologías han denunciado la falta de acceso a los tratamientos que necesitan para sobrevivir.
Entre los casos más alarmantes se encuentra el de una paciente oncológica de 16 años de La Plata, quien requirió un traslado urgente a un centro de alta complejidad pediátrica, pero fue rechazada en dos instituciones debido a los cortes de servicios de la obra social. En San Miguel de Tucumán, un paciente oncológico intimó a OSPRERA a través de una carta documento para que le entregaran la medicación necesaria para continuar su tratamiento. En Paraná, Entre Ríos, otro paciente oncológico lleva desde el 17 de octubre esperando la entrega de medicamentos para su quimioterapia.
En Villa María, Córdoba, dos mujeres con cáncer de mama denunciaron ante la justicia la suspensión de sus tratamientos de quimioterapia. Ambas presentaron sus casos con el patrocinio de la Defensoría Pública, señalando que la falta de medicación desde finales de noviembre ha puesto en riesgo sus vidas.
Causas de la crisis: intervención y bloqueo de recursos
La intervención de OSPRERA, formalizada mediante la resolución Nº 3.948/24 de la SSSalud, ha sido objeto de críticas por las irregularidades en su implementación. Según reportó la fuente, la medida se llevó a cabo fuera del horario administrativo, sin garantizar el derecho a la defensa y a pedido de un juez que posteriormente fue apartado por incompetencia. Desde entonces, la situación de la obra social ha empeorado significativamente.
Uno de los factores que ha agravado la crisis es el bloqueo de las cuentas bancarias de las delegaciones de OSPRERA en todo el país, lo que ha interrumpido la cadena de pagos necesaria para garantizar la asistencia médica de los beneficiarios. Además, se han dejado de autorizar las compras de medicamentos de alto costo, afectando a pacientes con enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia.
La situación actual de OSPRERA ha dejado a miles de familias rurales en un estado de vulnerabilidad extrema. Según informó la fuente, los beneficiarios de esta obra social, que incluye a trabajadores rurales y sus familias, dependen de estos servicios para acceder a tratamientos médicos esenciales. La interrupción de estos servicios no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también afecta su calidad de vida y su capacidad para trabajar.
La falta de respuesta por parte de las autoridades y el incumplimiento de las sentencias judiciales han generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los afectados. Mientras tanto, los casos judicializados continúan acumulándose, y las denuncias penales reflejan la gravedad de la situación.
