Lo dispuso el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Federico Atencio.
Tras más de un año en prisión en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato, en La Plata, Julio «Chocolate» Rigau volverá a su casa. El puntero peronista recibirá el beneficio de una prisión preventiva «morigerada» y continuará detenido en su domicilio, monitoreado por una tobillera electrónica. Está procesado por defraudación y por integrar una presunta asociación ilícita.
Su detención se produjo el 8 de septiembre de 2023, cuando un oficial lo encontró en un cajero platense del Bapro mientras retiraba plata de 48 tarjetas de débito que pertenecían a empleados «fantasmas» de la Legislatura provincial. Tenía una bolsa de nylon con más de $2.300.000.
La decisión de otorgarle prisión domiciliaria a «Chocolate» Rigau la tomó el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Federico Atencio. El magistrado ya requirió que se inicie el informe domiciliario que permitirá al dirigente platense regresar a su casa.
Todavía no está claro cuándo se le concederá el beneficio al preso, ya que la policía bonaerense, en este momento, carecer de pulseras electrónicas suficientes. El trámite podría atrasarse días, o incluso semanas.
La defensa de Rigau ya había solicitado la prisión domiciliaria en abril de este año. Según argumentaron los abogados, su cliente sufre «una depresión emocional que le genera un aumento de la presión arterial». El dirigente peronista sufrió un duro golpe anímico cuando, mientras cumplía su detención, falleció su esposa, Elidia Palacio.
A pesar de que la defensa aseguró que no existía riesgo de fuga, Atencio había rechazado esa solicitud. Sin embargo, los abogados apelaron la medida y en, octubre, el Tribunal de Casación revocó la decisión. Después de tres meses, esta última resolución de Casación quedó firme.
Quienes también pueden verse beneficiados por esta medida son el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, ambos imputados en la misma causa que «Chocolate». Los tres, acusados de causar un perjuicio a las arcas públicas por al menos $464 millones, tienen la esperanza de poder esperar en sus domicilios al juicio oral, que se celebrará en 2026 o 2027.
