La iniciativa del Frente de Todos es un reclamo del FMI y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se aprobó con 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Ausencias en la oposición.
En Juntos por el Cambio primó la unidad del interbloque antes que votar, en la Cámara de Diputados, una reforma a la ley para prevenir y reprimir el lavado de activos que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). El principal espacio opositor se encaminaba hacia una fractura expuesta: un sector del bloque de Pro suscribía la iniciativa oficialista pero sus socios (la UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical) no. Sobre el final se impuso la decisión de la mayoría y el macrismo acató.
Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, posición que compartió con el interbloque Federal y la izquierda, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto: 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Lo ayudaron no solo sus tradicionales aliados sino también las numerosas ausencias entre los diputados de la oposición: con un calendario cargado de elecciones provinciales, varios de ellos decidieron permanecer en sus territorios, mientras que otros están de viaje. Otro hubiese sido el final de la historia si todos los diputados opositores se sentaban en sus bancas.
La cúpula de Juntos por el Cambio no quería que se cayera la media sanción del proyecto; es más, hasta último momento monitoreó los votos de su bancada y le garantizó sotto voce al oficialismo que si peligraba la aprobación, cambiaría el rechazo por la abstención, publica el diario La Nación.
Sin embargo, en el principal espacio opositor también reconocían la importancia de la ley, una reforma a la actual legislación sobre prevención y represión del lavado de activos para adaptarla a los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . El principal espacio opositor, que se cree ganador de las próximas elecciones, no quiere desairar al FMI como tampoco al GAFI, que en setiembre próximo realizará una revisión técnica sobre el cumplimiento de la Argentina de las normas contra el lavado de dinero. El peligro de no aprobar esa revisión es que nuestro país vuelva a caer en la llamada “lista gris” del GAFI que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”.
De hecho, el diputado Pablo Tonelli (Pro), interlocutor del oficialismo para negociar los cambios al proyecto original, suscribió ayer el dictamen acordado con el Frente de Todos. Sin embargo, se topó con la resistencia de la Coalición Cívica, de buena parte de la UCR y de Evolución Radical; la cúpula de Pro decidió unificar posturas y votar en contra como sus socios. Tonelli decidió ausentarse del recinto en la votación.
También se retiraron los diputados Javier Milei y sus compañeras de bloque, Carolina Píparo y Victoria Villarruel. Por la abstención, en tanto, votaron los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois: Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.
Con el propósito de asegurar su aprobación, el oficialismo aceptó varias de las modificaciones sugeridas por los opositores. Sin embargo, no accedió a modificar dos puntos nodales: la cuestión de la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco aceptó incluir de manera explícita en la ley la facultad de la UIF para querellar en denuncias sobre lavado de dinero.
El proyecto oficialista propone que esta unidad sea un organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, además de autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Los opositores al proyecto advirtieron que la autonomía de la UIF tal como está planteada en el proyecto no es suficiente, pues se mantendría bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Los opositores propusieron incorporar dos artículos: en uno de ellos plantearon que el presidente de la UIF sea seleccionado mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc, integrada por miembros de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, entre otros. Fue rechazado, al igual que un artículo que exigía a la UIF a que sea parte querellante en las causas judiciales en las que intervenga.
Desde el radicalismo, el jefe de bloque, Mario Negri, explicó la posición del interbloque. “Vamos a rechazar en general el proyecto porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera -sostuvo-. Es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas”.
