Con la denuncia radicada en la justicia el sábado, buscan investigar “responsabilidades penales de Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro” por posible comisión de delitos violatorios de la Ley de Inteligencia Nacional.
Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés presentaron una denuncia contra las autoridades porteñas por la filmación a los manifestantes que se acercaron a la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para manifestarle su apoyo.
Mediante un texto difundido en redes sociales expresaron: “Venimos a formular denuncia penal por la posible comisión de delitos violatorios de la Ley de Inteligencia Nacional y a solicitar su urgente trámite, en virtud de los hechos ocurridos en torno al accionar de la Policía de la Ciudad en ocasión del operativo desplegado el 27 de agosto en las inmediaciones del domicilio particular de la vicepresidenta”.
La denuncia fue ingresada vía remota a través del sistema informático del Poder Judicial y será sorteada en la jornada de hoy para asignarle un juzgado a cargo de la tramitación. Pidieron que se investiguen “las eventuales responsabilidades penales del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro”.
“Más allá del análisis de la evidente falta de proporcionalidad en la disposición del uso de la fuerza por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño, como también lo reprochable desde el punto de vista del derecho constitucional que resulta que una fuerza de seguridad local ‘custodie’ las inmediaciones de donde reside ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, lo cierto es que reviste suma gravedad el hecho de que personal de la policía porteña cumplía la tarea de filmar y tomar imágenes de los asistentes a una manifestación política”, advirtieron los legisladores.
Esas filmaciones, conjeturaron, tuvieron “el claro propósito de proceder a la individualización” de los manifestantes.
En ese contexto, recordaron la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos que fue suspendido por la Justicia de la Ciudad porque estaba habilitado para buscar a 40 mil personas y obtuvo datos biométricos de unos diez millones.
La denuncia sostiene que los manifestantes “fueron captados por los equipos de vigilancia policiales y registrados en su imagen personal, como así también, en su accionar democrático en el marco de una manifestación política sin incidentes de ninguna característica”.
Por último, aclararon que la denuncia propone como medidas de prueba “individualizar al personal policial que aparece en las imágenes aportadas con el propósito de que sean citados para que declaren respecto de los hechos denunciados”.
