La Comisión Normalizadora reclamó que intervenga el Gobierno. Aseguran que hubo contrataciones directas «de empresas de dudosas existencia».
Con más de 350.000 afiliados, trabajadores de la Obra Social Empresaria (Osdepym) alertan por el posible corte de los servicios de salud ante presuntas irregularidades en el manejo de la entidad. Así lo denuncian integrantes de la autodenominada Comisión Normalizadora que denuncia el desvío de fondos con fines políticos.
Osdepym es una obra social independiente que no pertenece a ninguna organización gremial. En 2018, fue intervenida por el Gobierno de Mauricio Macri, y con el inicio de la gestión de Alberto Fernández se nombró un nuevo interventor.
«Estamos hablando de una obra social importante, yo era director en el momento de la intervención de Mauricio Macri, empezaron con un proceso de vaciamiento. La esperanza vino con el nuevo gobierno pero fue todo lo contrario», expresó al respecto el ex director Mauro González en Sábado Tempranísimo.
Hasta el momento de la intervención, la obra social era superavitaria, según un comunicado de esta comisión. En él señala que “se han efectuado contrataciones directas, que no responden al objeto de la obra social, de empresas de dudosas existencia por valores probados de, por lo menos, $108 millones”.
«Esto se refleja en el déficit en las prestaciones, los pago superan los 160 días. El gobierno tiene que ocuparse de forma urgente», continuó González.
Asimismo, se asegura que “los quebrantos han consumido las reservas estratégicas y, de pagar a los prestadores a 30 o 45 días, hoy se está pagando 150 días. Ello conlleva a cortes de servicios y bajas de prestadores”. Entre otros cuestionamientos se advierte que “los gastos administrativos se incrementaron en un 50% y el gasto en prestaciones está fuera de control”.
“Está comprobado el desvío de fondos para fines políticos y personales. Es imprescindible cambiar al interventor ya, poner un funcionario neutral y normalizar Osdepym, ya que está en juego el servicio de salud de 100.000 familias”, señala el comunicado.
«El servicio es muy malo, dan turnos a 90 días y hay reclamos permanentes a la obra social. Es una obra social que va a la quiebra. Nosotros pedimos que se resuelva el tema ya. Se han vendido propiedades para sanear deudas», completó el ex director González.
