El expresidente se enfrentará a la citación cara a cara con el juez Martín Bava. Se espera que esta vez el líder del PRO pueda declarar, tras el relevamiento del secreto por la Ley de Inteligencia por parte de Alberto Fernández.
Finalmente, después de varios idas y vueltas con respecto a la declaración del expresidente Mauricio Macri ante el juzgado de Dolores por la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el líder del PRO llegó a la ciudad bonaerense para prestar su testimonio.
Mientras que la semana pasada Macri fue acompañado por un centenar de personas que asistieron al acto, este miércoles sólo lo acompañaron un puñado de allegados. Entre los que confirmaron su presencia frente al juzgado de Dolores están ex funcionarios como Hernán Lombardi y Andrés Ibarra, el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni y un grupo de diputados encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y entre los que se destacan Omar de Marchi, María Luján Rey, Carmen Polledo, Pablo Torello y Jorge Enríquez.
Macri está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia.
Además, el juez sospecha que el ex mandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.
Macri fue citado por primera vez para el 7 de octubre, pero no se presentó porque estaba fuera del país y luego faltó a la segunda convocatoria, fijada para el 20 de octubre, oportunidad en la que su abogado presentó por vía remota la primera recusación contra el juez.
La tercera convocatoria fue la del jueves pasado que se suspendió por el pedido de la defensa de Macri, acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi. En esa audiencia, el expresidente llegó a escuchar la lectura de los cargos en su contra, antes de que su defensa pidiera la suspensión por no haberse hecho el pedido de relevarlo del deber de confidencialidad en base a la ley de Inteligencia 25520. Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que relevó a Macri del secreto de Estado.