Romina Picolotti, ex secretaria de Néstor y Cristina Kirchner, fue acusada de desviar fondos del presupuesto de la secretaría y podría enfrentar tres años y nueve meses tras las rejas.
En su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 6, el fiscal Diego Luciani pidió para la ex secretaria de Ambiente de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, una condena de tres años y nueve meses de prisión, y una reparación económica de casi siete millones pesos. La ex funcionaria está siendo juzgada por defraudación en perjuicio de la administración pública, ya que entre 206 y 2008 desvió fondos del presupuesto de la secretaría y con ellos pagó millonarios gastos personales: regalos, comidas, pasajes de avión para ella, sus familiares y amigos, y hasta alquiler de jets privados. El caso comenzó con una investigación de Clarín, publicada en 2007.
En la audiencia virtual del juicio que comenzó en febrero, Luciani acusó a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal.
Además de la pena de prisión -que por superar los tres años sería de cumplimiento efectivo si el TOF 6 la convalidara en su sentencia- Luciani pidió que Picolotti “devuelva” al Estado 6.941.170,50 pesos por esos gastos injustificados. Esa cuenta responde al monto actualizado del perjuicio al Estado Nacional, según un peritaje que se hizo en la causa por parte del ministerio público fiscal. Si la ex secretaria no pudiera afrontar ese desembolso, el fiscal aconsejó que se decomisen sus bienes.
En su largo alegato, Luciani consideró que “la conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”. El fiscal destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza María Servini.
“Es lamentable que todos los controles de la administración pública escalonados para evitar este tipo de desvíos hayan fallado por completo, y el caso de Picolotti sólo haya salido a la luz gracias a la tarea del periodismo de investigación” subrayó Luciani.
Como en las otras trece audiencias mantenidas desde febrero, la acusada se conectó virtualmente para participar de ella. En su caso, no se trata solo de una prevención sanitaria por la pandemia: desde hace años, Picolotti reside en la exclusiva zona de Palm Beach, al norte de Miami.
Justamente por eso, en su alegato el fiscal advirtió que pedirá su inmediato regreso al país si la ex funcionaria fuera condenada con cualquier pena que supere los tres años, límite mínimo para su cumplimiento efectivo. Luciani también solicitó la inhabilitación especial perpetua de la acusada, y el pago de gastos legales y costas.
El juicio continuará el 15 de septiembre, con el alegato del abogado de Picolotti, Felipe Trucco. Luego, el tribunal estará en condiciones de dictar su sentencia.
Nota original de Clarín.
