La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación mediante un extenso escrito a última hora de anoche.
El Gobierno de la Nación pidió en un extenso documento a la Corte Suprema, que rechace el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para declarar la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se suspenden las clases presenciales ante «la nueva ola» de contagios de coronavirus.
La presentación fue realizada a última hora de anoche por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
La presentación sostiene que el mantenimiento de la presencialidad en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que entendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como una suerte de distrito único.
«Resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud», justificó el documento.
La Procuración aclaró respecto de las clases presenciales que «no fue únicamente la posibilidad de contagio que podrían haberse producido dentro de las escuelas» lo que motivó su suspensión temporaria. «La asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el AMBA», que cuantificó en «más de tres millones de niños», unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.
Además, la Procuración refutó el argumento de la Ciudad sobre una intromisión en su facultad de decidir sobre la educación a nivel local. «(El DNU) no cercenó el derecho a la educación», puesto que «se adoptó una medida alternativa» para la continuidad educativa, cual fue la modalidad virtual para las clases durante las dos semanas, que ya están transcurriendo.
De esta manera la Corte Suprema está en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad.