Cancillería rechazó el accionar de las fuerzas de seguridad contra los diputados que querían ingresar a la Asamblea Nacional.
El Gobierno de Alberto Fernández condenó los «episodios registrados» el domingo en Caracas, cuando los diputados opositores -con el autoproclamado presidente Juan Guaidó a la cabeza- no pudieron entrar al Parlamento para participar de la renovación de autoridades.
«El gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado.
En ese marco, consideró «inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva».
«Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano», enfatizó el informe.
Para la Cancillería, «recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales, es el objetivo al que busca propender el gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país».
«En esa búsqueda, y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencausar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas», explicó la entidad.
Además, el Gobierno nacional hizo «un llamado a las democracias del mundo a que ayuden a facilitar ese proceso de diálogo para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la normalidad democrática que históricamente ha caracterizado a ese país».
«El resguardo de la independencia de los poderes y de las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables para el normal funcionamiento del sistema democrático», concluyó.
