Surgieron algunas inquietudes técnicas en el Poder Judicial y el texto será nuevamente analizado.
Luego de que se anunciara que el presidente Mauricio Macri iba a firmar el decreto que establece el traspaso del programa de protección de testigos protegidos a la órbita judicial, en las últimas horas integrantes de la mesa judicial del gobierno nacional escucharon algunos reparos planteados por autoridades de diferentes órganos de la Justicia que indicaban que el texto podría ser impugnado por algunas falencias técnicas.
Así, el presidente dio marcha atrás para firmarlo y revisará el proyecto.
Argumentan que asumir la custodia de imputados y testigos cuyas responsabilidades delictuales tienen que ser juzgadas en el mismo ámbito no sería lo más conveniente. También dicen que el programa exige la intervención de las fuerzas de seguridad y para eso se requieren atribuciones que hoy no poseen. Del mismo modo, hay interrogantes sobre el presupuesto necesario para financiar la iniciativa.
El Presidente saliente busca asegurar que el programa continúe vigente bajo una autoridad independiente al poder político de turno. Cuando surgieron las primeras versiones sobre el decreto, Alberto Fernández aseguró en redes sociales que nunca fue consultado sobre la iniciativa.
El texto define al Programa como instrumento del Poder Judicial y, en ese sentido, evalúa a la Cámara Federal de Casación Penal como el ámbito más conveniente para asumir la responsabilidad de la protección de testigos “por su carácter de último tribunal federal penal y única estructura judicial en la materia con competencia territorial en toda la República Argentina”.
