La ministra de Seguridad Patricia Bullrich participó de la reunión para la conformación de una comisión tripartita que seguirá la investigación del paradero de la joven, desaparecida en 2011.
Durante una reunión en el edificio donde ahora funciona el Ministerio Público de la Nación en Salta, de la que participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el procurador general de Salta, Abel Cornejo, el fiscal federal Eduardo Villalba; funcionarios de Gendarmería Nacional y de la PSA y el abogado de la familia Cash, Pedro García Castiella, quedó constituida la comisión especial que tratará de establecer qué pasó con la joven María Cash, cuyo rastro se perdió el 8 de julio de 2011, en la autopista de acceso a la ciudad de Salta.
La comisión estará integrada por tres investigadores, uno del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, otro de Gendarmería Nacional y otro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El abogado querellante confirmó que la ministra “vino para ya darle una confirmación institucional a la conformación de esta comisión tripartita de tres fuerzas que había sido idea originaria de la querella”.
Para avanzar en la constitución de la comisión investigadora, solo se requería la autorización de la cartera de Seguridad para afectar a los investigadores de las fuerzas de seguridad.
Uno de los integrantes que conformarán el grupo especial será el actual director Antidrogas de Gendarmería, comandante Gabriel Riveros, especializado en inteligencia criminal y quien se desempeñó en las primeras etapas de la causa.
Otro de los integrantes es el jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, el abogado Omar Dávila, especializado en investigación criminal. Su nombre también fue sugerido por la familia Cash.
García Castiella aseguró que “en los próximos días” comenzará a trabajar esta comisión y explicó que la investigación comenzará “de cero” porque “nada habría que descartar”.
La desaparición de la joven es de competencia federal porque se sospecha que fue víctima de una red de trata de personas. En el caso interviene el juez federal Miguel Medina, quien delegó parcialmente la investigación en el fiscal Villalba.
