La investigación llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró determinar que muchas de las fotografías encontradas fueron tomadas con su propio teléfono móvil.
Tras una nueva audiencia por el caso de pediatra Ricardo Russo acusado de distribución y producción de pornografía infantil, la jueza María Laura Martínez Vega, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°9, ordenó que continuará en prisión preventiva hasta que finalice el juicio.
Así, por pedido de la fiscal Daniela Dupuy, que en el allanamiento al Hospital Garrahan encontró más fotografías y videos de explotación sexual infantil que el médico tenía en las computadoras de su consultorio en la institución, la jueza tomó dicha decisión.
La investigación llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, a cargo de Dupuy, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró determinar que muchas de las fotografías encontradas fueron tomadas con su propio teléfono móvil.
De esta manera, con la prueba anterior más lo encontrado en el allanamiento realizado en el Hospital con la colaboración de la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, se reforzó la hipótesis de la fiscalía en cuanto a que la materialidad del hecho está comprobada, y que existe riesgo de fuga por parte del imputado.
Otro de los agravantes para el pedido de prisión preventiva es el entorpecimiento de la investigación ya que se considera que el pediatra podría comunicarse con testigos claves durante el juicio para persuadirlos de que declaren en su favor.
Esta situación se prevé desde el momento en que se pudo determinar que el imputado realizó llamadas a determinadas personas para que declaren en su favor en el juicio. Además, existen victimas del accionar del pediatra que aún no pudieron ser individualizadas.
El caso tuvo origen a raíz de la operación denominada “LUZ DE INFANCIA III” llevada a cabo por las autoridades de Homeland Security de los Estados Unidos (FBI) y del Ministerio de Justicia de Brasil, a través de la cual pusieron en conocimiento al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la CABA de la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil llevados a cabo por usuarios radicados en este país, a través de la plataforma P2P «E-mule».
Luego del allanamiento realizado al hogar del médico y con el secuestro de las computadoras, se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de explotación sexual infantil. Posteriormente, al día siguiente de la primera audiencia de prisión preventiva, se allanó el consultorio del médico en el hospital, donde se hallaron más imágenes y videos de la misma índole.
