El médico José Gigena disparó contra el equipo médico del Hospital Eva Perón, a quienes definió como “espectadores” y explicó por qué no se le realizó un aborto a la pequeña de 11 años abusada por la pareja de la abuela.
El cirujano José Gigena, quien le realizó la microcesárea a la nena tucumana de 11 años que fue violada cuestionó duramente al equipo médico del Hospital Eva Perón.
“Los profesionales del lugar fueron espectadores. Es una nena de 11 años con sus genitales inmaduros y, por eso, no iba a ser posible el parto. La vimos jugar con juguetitos de plásticos y, al vernos a nosotros, se asustó. Nos dijo que quería hacerlo pero que le tenía miedo a las agujas. Todo el tiempo se abrazaba con la mamá“, fue el crudo relato de Gigena, en diálogo con Todo Noticias.
El profesional recordó que explicaron a la nena cómo iba a ser la operación y que junto a la madre ratificaron la intención en presencia de dos testigos, la jefa del servicio y el psiquiatra que la asiste.
“Cuando logramos el contacto con la niña decidimos la vía de terminación del embarazo y fuimos al quirófano. Ahí nos dimos cuenta que las instrumentadoras declararon la objeción de conciencia y se fueron. Mi mujer iba solo a acompañar. Cuando las enfermeras se van, ella se convirtió en una instrumentadora quirúrgica para terminar con la tortura de la nena”, contó Gigena.
“Sentimos una soledad tremenda, pero no podíamos dar un paso atrás. Es como esta niña hubiera estado bajo custodia. La actitud que tuvieron los profesionales que estaban ahí fue de espectadores. Colaboraron parcialmente. Fuimos tres personas en soledad asistiendo a la nena. Había que respetar el derecho de la niña y de la madre, que había manifestado la interrupción legal del embarazo, contemplado por la ley”, concluyó.
Cecilia Ousset, la especialista que estuvo presente durante el parto de la menor, disparó: “Creo que el gobernador Juan Manzur, por una cuestión electoral, impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y se obligó a la nena a dar a luz. Esto es una tortura”.
La respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud provincial aseguraron que “no entorpecieron la Interrupción Legal del Embarazo” de la niña y tomaron distancia de las acusaciones de haberla torturado. “El sistema de salud nunca obstaculizó el proceso de interrupción del embarazo ni dilató una situación”, aseveró la ministra de Salud tucumana, Rossana Chahla.
“Escuchamos a la niña y a su madre, estamos dispuestos a contarles cómo han sido todos los hechos”, agregó la ministra. “Hemos visto y escuchado algunas situaciones que no son las correctas, las verdaderas, y queríamos aclarar. Ha sido un caso que nos ha golpeado muy de cerca sobre todo a las que somos madres. Tenemos tres patas: una parte médica, una legal y la que prima: la parte humana”, completó Chahla.
La menor de edad se había presentado el pasado 31 de enero en un hospital por un dolor de estómago, cuando descubrió que cursaba un embarazo de 16 semanas. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo“, había dicho la niña, según el expediente judicial en curso que investiga la violación de la que fue víctima.
La menor no vivía con su madre, dado que también la pareja de ésta había abusado de sus dos hermanas mayores, aunque el hombre se encontraba condenado y preso por este motivo.
El 25 de febrero, la niña y su madre manifestaron la intención de interrumpir el embarazo, pero el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), dependiente del secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, lo impidió y consiguió que a la niña le practicaran una microcesárea.
En medio de las protestas por el hecho, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, difundió el nombre de la niña, vulnerando la intimidad de la víctima, y llamó a los suyos a “custodiar” la vida del recién nacido.
“Amnistía Internacional repudia la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la provincia de Tucumán”, señaló el organismo desde su cuenta de Twitter.
“Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos“, sentenció la entidad.
