Es por una denuncia de Human Rights. El Gobierno ya había dicho que Mohammed bin Salman, apuntado por el brutal crimen de un periodista, tiene “inmunidades especiales”.
El juez federal Ariel Lijo libró exhortos a Turquía y Yemen para pedir información sobre el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, que ya se encuentra en Buenos Aires para participar del G20.
Además, el magistrado le pidió a la Cancillería argentina que informe cuáles son las condiciones diplomáticas en las que se encuentra el líder saudí.
De esta manera, la Justicia argentina avanzó con la denuncia presentada por la organización estadounidense Human Right Watch contra Bin Salman por presuntos crímenes de guerra en Yemen y por el asesinato de un periodista opositor a su régimen en Estambul.
Lijo hizo lugar a los pedidos que hizo el fiscal federal Ramiro González para que se investiguen estos hechos, en el marco de la visita del príncipe árabe a Buenos Aires, que arribó este miércoles al país, con motivo de su participación en la cumbre del G20.
El magistrado libró este miércoles los exhortos correspondientes a Turquía, Yemen y la Corte Penal Internacional para saber si existen procesos judiciales abiertos contra Bin Salman en esos países.
A la vez, le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina que informe el estatus y las condiciones diplomáticas que tiene el mandatario de Arabia Saudita.
Finalmente, Lijo le solicitó a la ONG norteamericana que brinde mayores precisiones de los delitos que le atribuyen al príncipe.
En su presentación ante el juez, González señaló: «Previa a determinar la competencia, corresponde oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el objeto de que se sirva tener a bien informar el status de Mohammed bin Salman, según la Convención de Viena sobre Agentes Diplomáticos de 1963».
En caso de determinarse la información solicitada, el fiscal pidió que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine si asume la competencia originaria del caso o bien delega la misma en juzgado federal de instrucción ante el status que puede tener bin Salman.
«Se debe advertir que se pretende la investigación de un vice primer ministro y ministro de Defensa, que sería una de las máximas autoridades del Estado, por delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra cometidos en el propio estado del Reino de Arabia Saudita y en la República de Yemen», evaluó el fiscal.
Se trata de situaciones que «ameritan que se evalúe la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema» porque «responden a la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los sujetos de derecho internacional asegurando las máximas garantías que, con arreglo a la práctica uniforme de las naciones, debe reconocérseles para el más eficaz cumplimiento de sus funciones».
La denuncia que dio origen al expediente la presentó el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, por presuntas violaciones a los derechos humanos y «graves delitos internacionales» en los que habría participado bin Salman desde marzo de 2015 al presente.
También se denunció el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la Embajada de Arabia Saudita en Estambul en octubre pasado.
