No habría topes a las comisiones que pagarán los propietarios ni sería obligatorio inscribir el contrato en la AFIP. Se insiste en que los contratos duren 3 años.
Continúan las disputas en el proyecto de ley de Alquileres que se está discutiendo en el Congreso y que ya cuenta con dictamen de la Cámara de Diputados. Luego de las quejas del sector privado se organizó ayer una reunión en la secretaría de Vivienda.
Desde los funcionarios y legisladores oficialistas, se aceptó incorporar al debate parlamentario una parte de los reclamos. El proyecto original fue gestado en el Senado por la oposición, y sufrió modificaciones en Diputados que obligan a que el proyecto vuelva a la Cámara Alta tras la media sanción.
Qué se aceptó incorporar al debate:
Entre los reclamos escuchados figura que el propietario se reserve el derecho de exigir garantías reales al posible inquilino. Hasta ahora, el proyecto decía que con recibos de sueldo y algún seguro de caución alcanzaba. También que los corredores inmobiliarios puedan cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino, y que no se fijen topes a la comisión que el inmobiliario le cobre al propietario.
También se reducirá el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse a esta futura ley. En el dictamen aprobado figura un tope de 3.000 UVAs al mes ($ 82.590 al valor de ayer) para los alquileres de vivienda. Pero se lo bajaría a $ 30.000. Esto quiere decir que los contratos con valores mensuales superiores a $ 30.000 podría acordarse según los usos y costumbres actuales. La última modificación es que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP.
Los reclamos que no tuvieron mucha recepción tuvieron que ver con la duración de los contratos: se mantendrá que se lleve el plazo mínimo a tres años desde los dos años actuales.
El ajuste se hará por el promedio del índice de salarios e IPC. Los privados pidieron que se adoptara la UVA.
El último pedido que no prosperó fue que los privados volvieron a reclamar que se establezca una normativa más ágil a la hora de cursar los juicios por desalojo. Si bien coincidieron en que sería un gran paso para darle más seguridad jurídica a estos contratos, no se avizoran novedades en este tema.
En la secretaría de Vivienda señalaron que se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario. Ahí se le daría seguridad jurídica al locador y a su vez reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen.
