Mediante un decreto, Gabriela Michetti y Marcos Peña rechazaron una apelación de un fiscal que pedía avanzar con la causa administrativa. Continúa abierto un expediente en la justicia federal.
El Gobierno nacional rechazó hoy el pedido de un fiscal administrativo para que se continúe investigando al ex ministro de Comunicación Oscar Aguad por su rol en la condonación de la deuda de Correo Argentino, empresa vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri.
A través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso el rechazo del «recurso jerárquico interpuesto por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas», Sergio Rodríguez.
El texto lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes defendieron así una resolución emitida en mayo pasado por la Procuración del Tesoro.
A través de esa medida, los abogados del Estado habían dado «por clausurado el sumario administrativo» que se había dispuesto en febrero de 2017 por la condonación de la deuda del Correo.
De esta forma, desestimaron las acusaciones por el accionar del entonces ministro de Comunicación Aguad, que actualmente está a cargo de la cartera de Defensa.
En la mencionada resolución «se declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno, en relación con los hechos denunciados en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/Concurso Preventivo (Expediente Nº 94360/01), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6».
La Procuración había elevado el reclamo porque, al clausurarse las actuaciones se impedía «de manera definitiva la pretensión de lograr una investigación integral de los hechos denunciados en el marco del proceso sumarial, apartándose así del propósito específico del mismo».
Pero según consta en el decreto, «en la investigación sumarial, se tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del Estado nacional, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones (Oscar Aguad), por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable».
Además, se informó que el sumario determinó que «el accionar de los funcionarios públicos intervinientes fue el que les imponía la estructura organizativa» del Ministerio de Comunicaciones y que «los mismos estaban cumpliendo la función que les correspondía en razón del puesto».
En el decreto se indicó también que «el agravio relacionado con la declaración de nulidad de todo lo actuado en el sumario desde la clausura de la investigación efectuada, a fin de continuar con la pesquisa y las medidas probatorias, no puede prosperar».
