El rechazo opositor fue casi unánime, pero la sanción se consiguió con los 34 votos del bloque oficial y el apoyo de dos legisladores.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiguió este jueves que la Legislatura porteña modifique la ley de Basura Cero para autorizar la quema de basura en hornos controlados, a pesar del rechazo de la oposición y en medio de una protesta de cartoneros, recicladores y ambientalistas frente al edificio.
La iniciativa del oficialismo fue aprobada con 36 votos a favor y 22 en contra: tuvo el apoyo de los bloques Vamos Juntos, que integran el PRO, la Coalición Cívica-ARI y Confianza Pública, y de los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Depierro (Mejor Ciudad).
La norma modifica la denominada ley de Basura Cero, sancionada en 2005, para permitir la incineración de desperdicios sólidos y evitar así que sean depositados en rellenos sanitarios: a partir de este cambio, el Ejecutivo porteño podrá instalar plantas para «la oxidación total de los residuos a altas temperaturas con múltiples sistemas de control».
La quema se hará a través de un mecanismo de «valorización energética», que permitiría transformar las diferentes sustancias en electricidad o calor.
Además, la nueva ley posterga los plazos para cumplir con el objetivo de eliminar los depósitos en rellenos sanitarios: ahora la meta será reducir la basura «un 50 por ciento para el 2021, un 65 por ciento para el 2025 y un 80 por ciento para el 2030».
A modo de protesta durante la sesión, militantes de Greenpeace se encadenaron a una de las columnas de la Legislatura y tocaron la marcha fúnebre en señal de rechazo a la medida impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En tanto, un grupo de recicladores y cartoneros que presenciaba el debate interrumpió en varias ocasiones la sesión, por lo que el vicepresidente primero del cuerpo, Francisco Quintana, llamó a un cuarto intermedio.
Los bloques de la oposición rechazaron el proyecto al advertir sobre las «consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el medio ambiente», además de ser una política que compite con el reciclaje y la reutilización de residuos, «poniendo en peligro miles puestos de trabajo», y porque se trata de «un proyecto costoso», en el que cada planta estiman que implicará un gasto de unos 500 millones de dólares.
El bloque SUMA+, que lidera el actual diputado nacional Martín Lousteau, se mostró en contra del proyecto, al igual que la izquierda y el kirchnerismo: la jefa de la bancada, Inés Gorbea, consideró que «el Gobierno de la Ciudad decidió dar marcha atrás en materia ambiental» al impulsar esta iniciativa.
«La modificación aprobada por el PRO significa un retroceso perjudicial para el ambiente y la salud de los porteños.
Entendemos la necesidad de transformar la manera en la que gestionamos los residuos pero la utilización masiva de la termovalorización es lo opuesto», sostuvo.
Por Unidad Ciudadana, el diputado Mariano Recalde remarcó que «con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad, y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte».
Por su parte, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano aseguró que «con esta ley se está violando la Constitución de la Ciudad» y advirtió que «de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de 2 millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de las partículas tóxicas y cancerígenas que se emiten como producto de la quema de basura».
La sesión terminó con la retirada de miembros de la oposición, del Frente de Izquierda y sectores del FPV, luego de la acción del militante de Greenpeace que escaló una columna del recinto para colgar la consigna «Quemar basura mata».
«Lo que se viene es un negociado con empresas de incineración, que atenta directamente contra la salud de los vecinos. Todos los diputados que votaron este gran negociado junto al oficialismo fueron quienes pertenecen a la Coalición Cívica y Sergio Abrevaya del partido de Stolbizer. Que se sepa porque, como denuncian las organizaciones ambientalistas, ’Quemar basura mata’ y además deja sin trabajo a miles», sostuvo por su parte Patricio del Corro, también diputado del PTS.
Y agregó que «entre los impactos nocivos relevados priman distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas de recién nacidos, daños en el ADN y enfermedades respiratorias».
Su colega Myriam Bregman remarcó también que «la mayoría automática que tiene Cambiemos la usa contra la trabajadores», ya que «son más de seis mil puestos directos los que se verán directamente afectados, y veinte mil indirectos».
Fuente: NA
