Se trata de Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta quienes “montaron una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos de las obras públicas”, según detallan los fiscales Pollicitas y Mahiques.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la indagatoria de los ex gobernadores santacrueños Sergio Acevedo (2003-2006), Carlos Sancho (2006-2007) y Daniel Peralta (2007-20015) por haber beneficiado con obra pública vial al detenido Lázaro Báez.
El pedido de indagatoria corresponde a la continuidad de la causa por direccionamiento de obra pública por la que irán a juicio oral Báez, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.
Para los fiscales, «se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por prácticamente 46 mil millones de pesos».
Pollicita y Mahiques sostienen que con las indagatorias «se esclarecerá la responsabilidad penal de aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron —con los aportes específicos por acción y omisión que sus respectivos roles les permitían— al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo», según cita Infobae.
Los funcionarios del Ministerio Púbico concluyeron que «fue necesario que la matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a 2015 contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez».
Los fiscales pidieron además que se indague a una gran cantidad de ex funcionarios de la administración pública santacruceña, entre los que se encuentran todos los ex ministros de Economía y Obras Públicas del período 2003-2015, así como los principales responsables del área de Vialidad y el Tribunal de Cuentas provincial.
Por otra parte, los fiscales realizaron un cálculo estimado de cuánto dinero desvió la gestión de cada gobernador a obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez.
Entre abril de 2004 y marzo de 2006, el tándem Acevedo-Villanueva posibilitó que más de 395 millones de fondos provinciales fluyeran hacia obras adjudicadas al Grupo Báez. El dúo Sancho–Bontempo entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 erogó algo más de 918 millones de pesos por obras viales adjudicadas al Grupo Báez. Por último, el binomio Peralta-Campillo transfirió a las empresas de Báez, más de 561 millones de pesos, entre septiembre de 2007 y fines de 2009.
