También confirmaron embargos a cada uno son por 10.500 millones de pesos. También hicieron lugar a la AFIP para revisar el sobreseimiento del empresario Erusalimsky.
Se ratificó el procesamiento por el delito de lavado de activos agravado por formar una banda para cometer esos hechos respecto de Leandro, Luciana, Melina Báez y se amplió el procesamiento del abogado de Báez, Jorge Chueco. Por otro lado, a Jaime Erusalimsky, el empresario de la salud, se le revisará su sobreseimiento por la compra del campo en Mendoza a Leonardo Fariña.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky, y la doctora Liliana E. Catucci, no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de Leandro , Luciana y Melina Báez contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad que no hizo lugar a un recurso de casación contra la decisión de esa misma Cámara que confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de los nombrados por el delito de lavado de activos agravado por ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza y la traba de embargo a cada uno de ellos por un monto de diez mil quinientos millones de pesos.
También rechazó una queja de la defensa de Jorge Chueco contra la denegatoria de un recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad que confirmó la ampliación de su procesamiento y embargo por el delito de lavado de activos agravado por realizar hechos con habitualidad y ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
En otra resolución hizo lugar a una queja, por recurso de casación denegado, presentada por la AFIP, querellante en la causa, contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad que revocó el procesamiento de Erusalimsky por el delito de lavado de activos y lo sobreseyó.
Los encausados están procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional.
