En Bolivia están preocupados por el decreto firmado por el mandatario argentino por el cual se estableció un esquema más rígido de controles migratorios.
El presidente Macri recibirá a Evo Morales el 28 de noviembre en San Salvador de Jujuy. Según publica Infobae, el encuentro contemplará una agenda abierta y abarcará temas comerciales y acuerdos energéticos y de cooperación en materia de inmigraciones.
La intención inicial era realizar esa reunión en mayo pasado en Buenos Aires durante el partido de fútbol entre Boca y River. No se pudo hacer por problemas de agenda de ambos presidentes y luego se evaluó armar la reunión en las semanas siguientes en Jujuy, pero en la Casa Rosada advirtieron que eso no era conveniente en medio de las elecciones.
No obstante, la reunión de Macri y Morales en Jujuy contempla una agenda bilateral centrada esencialmente en uno de los ejes que más preocupan a la Argentina: los reacondicionamientos del contrato de exportación de gas boliviano a nuestro país. Hasta ahora se sabe que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) enviará más gas natural a la Argentina en los próximos meses con lo que podrá cumplir con el contrato vigente desde 2006, tal como lo anunció en La Paz el presidente de la compañía, Guillermo Achá. No obstante, se deben ajustar los parámetros de importación de Argentina para el año que viene. En los meses de invierno la Argentina suele comprar unos 20,9 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, y eso bajó a 16 millones.
Por otra parte, el encuentro de Macri y su par de Bolivia servirá para cerrar un contrato por la construcción de centros de medicina nuclear y el intercambio comercial de productos agropecuarios.
En la agenda está pendiente también uno de los temas que preocuparon a la administración de Morales y que fue motivo de quejas por parte de Bolivia, como fue el decreto presidencial que firmó Macri a principios de este año por el cual se estableció un esquema más rígido de controles migratorios. De esta manera, se exigió la deportación de aquellos inmigrantes con causas penales o se prohibió el ingreso de los que tengan antecedentes delictivos. Esta decisión generó un malestar de Bolivia, pero en el Gobierno argentino explicaron que no se trata de una persecución a inmigrantes sino una medida para reducir la delincuencia.
