El titular de la Dirección General de Aduanas había sido imputado por varios delitos.
La sala II de la Cámara Federal penal porteña reivindicó el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes de información al confirmar el sobreseimiento del administrador de aduanas, Juan José Gómez Centurión, en una querella iniciada por el transportista Miguel Paolantonio tras una investigación de Clarín sobre la llamada «mafia de los contenedores».
El titular de Aduanas había sido acusado de falso testimonio, violación de correspondencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento por haber accedido a elementos de prueba contra un acusado de contrabando en forma ilícita, el empresario Miguel Paoloantonio, y que fueron aportados en su contra por un periodista.
«Según los postulados de la doctrina sobre la materia, entre los aspectos esenciales de la libertad de prensa, como derecho reconocido y de ejercicio garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales con esa jerarquía, se inscriben el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente el secreto de la fuente de la que se han obtenido», dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en un fallo firmado el viernes y conocido hoy.
Juan José Gómez Centurión se convirtió en el primer funcionario del Gobierno de Mauricio Macri en ser desplazado de su cargo tras una serie de audios enviados de manera anónima al Ministerio de Seguridad. En las grabaciones remitidas, se informaba de un entramado que lucraba con actividades relacionadas con el comercio a través de Aduanas.
Según alegó el denunciante, determinadas circunstancias le permitirían suponer que el titular de la Dirección General de Aduanas, Gómez Centurión habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita (correos electrónicos, «capturas de pantalla», etc), cuyos contenidos fueron acompañados a esa pesquisa por un periodista.
Para descartar la posibilidad de proseguir con la investigación, la sala II señaló inconsistencias en el relato de Paolantonio, que surgían al confrontarlo con los datos que constaban en el expediente que lo tiene por imputado por contrabando, lo que echaba por tierra las premisas de su hipótesis criminal.
