El objetivo de esta convocatoria es ratificar a las autoridades que fueron electas en la Cámara baja en diciembre pasado.
La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, ha convocado a una sesión preparatoria para el próximo viernes 23 de febrero. El objetivo de esta convocatoria es ratificar a las autoridades que fueron electas en la Cámara baja en diciembre pasado.
Esta convocatoria se produce en medio de la presión ejercida por el bloque peronista-kirchnerista, liderado por el formoseño José Mayans. El bloque está presionando para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que fue promovido por el presidente Javier Milei apenas diez días después de asumir el cargo.
Mayans ha estado insistiendo durante las últimas tres semanas en la convocatoria a una sesión especial para tratar el DNU. Sin embargo, Villarruel ha estado evitando esta acción, ya que el oficialismo no cuenta con los números necesarios en el recinto para defender la iniciativa de Milei.
Durante el período de sesiones extraordinarias que finalizó el 15 de febrero pasado, el Senado tuvo casi nula actividad. Hasta el último momento, se especuló con la posibilidad de prorrogar las extraordinarias para dar curso a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto logró la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para impulsar la iniciativa y dialogó con senadores que tenían dudas sobre el proyecto.
La iniciativa, que fue aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último acuerdo que firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI estará en Argentina a finales de febrero y principios de marzo para una nueva evaluación. Por este motivo, existió cierta urgencia para sancionar la ley e impedir que el país forme parte de la lista gris del organismo. Sin embargo, este escenario quedó anulado.
