Los legisladores acusan al mandatario de firmar el decreto de intervención mientras la empresa se encuentra en concurso de acreedores.
Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron este martes a Alberto Fernández por ‘abuso de autoridad’, luego de que el presidente anunciara la intervención y el proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin.
La denuncia, realizada horas después de la conferencia de prensa brindada por el mandatario, pide que el Jefe de Estado sea indagado por firmar el decreto que da pie a la intervención de la empresa cuando la misma se encuentra bajo concurso de acreedores, a raíz de una millonaria multa con el Banco Nación, y fue firmada por Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisella Scaglia, Pablo Torello, Álvaro de la Madrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
«Implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, expresaron los dirigentes al respecto y agregaron: «El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del Juez, además de violar el límite establecido en la ley de quiebras, viola el debido proceso legal (art. 18 C.N.)”
Además, subrayaron que las normas mediante la cual se le otorgaría el poder de expropiación al Poder Ejecutivo “son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria” ya que las mismas están vedadas por la Constitución.
“Corresponde al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o Gobierno alguno”, agregaron los legisladores en su acusación, y cerraron: “La causa de utilidad pública que justifica el proceso de expropiación, en caso de ser considerada, corresponde que sea declarada por ley del Congreso Nacional (artículo 17) y no puede ser en consecuencia considerado por el Poder Ejecutivo Nacional como justificación para la designación de un interventor, sin violarse, como se dijo, el artículo 29 de la Carta Fundamental”.
