Según la causa, Emiliano Estrada utilizó recursos del Congreso de la Nación para financiar las operaciones con sueldos asignados a otras funciones.
La causa judicial contra el diputado nacional Emiliano Estrada sumó nuevas pruebas que refuerzan su presunta responsabilidad en la creación y administración de una red de desinformación en Salta.
Documentos recientemente incorporados a la investigación incluyen cerca de 200 páginas de conversaciones entre el legislador y sus empleados, donde se evidencia su rol en la organización de una campaña de difamación contra políticos, empresarios y periodistas.
Según la causa, Estrada utilizó recursos del Congreso de la Nación para financiar estas operaciones con sueldos asignados a otras funciones.
Los registros demuestran que no solo ordenó la creación de cuentas falsas, sino que también definía los guiones de los videos, supervisaba su edición, establecía los horarios de publicación y coordinaba su distribución.
En junio de 2024, habría solicitado la apertura de una cuenta denominada “El Desenmascarador” para divulgar rumores sin fundamento. Posteriormente, la estrategia se amplió con la falsificación de una cuenta similar a la del medio InformateSalta, denominada “Informante Salta”, con el objetivo de dotar de mayor credibilidad a la campaña de desinformación.
Nuevas pericias revelaron que los chats incriminatorios, que habían sido eliminados de celulares y computadoras, pudieron ser recuperados y anexados a la causa. En estas conversaciones, Estrada daba órdenes directas sobre la gestión de las cuentas falsas, incluso disponiendo la eliminación de pruebas una vez que las campañas de desprestigio ya estaban en marcha.
Las capturas de pantalla recuperadas muestran indicaciones precisas sobre a quién atacar, con especial énfasis en dirigentes como Gustavo Sáenz, Baltasar Lara Gros, Pamela Calletti y Víctor Lamberto.
Además, en un intento de desviar sospechas, se instruyó la publicación de videos críticos contra el propio Estrada y su círculo cercano. De esta manera, buscaba generar confusión y evitar que se lo vinculara directamente con las operaciones de desprestigio.
La investigación también revela que el diputado explotaba a sus empleados, reteniendo parte de sus salarios y obligándolos a cubrir gastos personales, como alquileres y conexiones de internet. Asimismo, utilizaba sus nombres para la contratación de inmuebles y servicios.
Las pruebas incluyen registros de conversaciones en las que Estrada daba instrucciones precisas sobre la edición de los videos, validando cada material antes de su publicación. También se encargaba de supervisar los detalles estéticos para que las cuentas falsas no se parecieran a sus perfiles oficiales.
