Este 18 de enero se cumple un nuevo aniversario y las investigaciones todavía continúan en curso. Un hecho que generó conmoción en el sistema político y judicial, y que mantiene el debate sobre suicidio o asesinato entre los argentinos.
En la noche del 18 de enero de 2015, en el baño del departamento de Puerto Madero, el cuerpo sin vida de Alberto Nisman fue hallado por su madre Sara Garfinkel. La muerte había sido por un disparo en la cabeza y a un día de su presentación en el Congreso, en la que iba a exponer en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de encubrimiento en la causa AMIA.
La por entonces ex presidenta, su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del kirchnerismo habrían firmado un supuesto pacto secreto con Irán que habría incluido, además de un intercambio comercial de granos argentinos por petróleo, el pedido del Gobierno argentino a Interpol para que cesara las alertas rojas a los acusados iraníes de perpetrar el atentando a la sede de la mutual judía en 1994.
En una noche que quedó en la memoria de todos los argentinos por la presencia policial y los polémicos movimientos que se dieron fuera del edificio Le Parc, comenzaron todas las especulaciones al respecto de un crimen, aunque con el correr de las investigaciones dicha denuncia empezó a perder fuerza, más allá de la palabra de su madre y de su ex mujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
El sábado 17 de enero, el día anterior a su muerte, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que son las que habían cursado la invitación al fiscal al Congreso para exponer ante Cristina Kirchner. Sin embargo, ese mismo día iba a recibir el arma que le causaría la muerte.
De manos de su colaborador informático, Diego Lagomarsino, con quien se supo más adelante que compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos, recibió la pistola con la que se efectuó el disparo mortal en la cabeza. Según declaró este último, el fiscal no confiaba en su custodia de seguridad, y que por eso le había pedido el arma.
A pesar de que en el comienzo la muerte fue investigada como «muerte dudosa», la fiscal Viviana Fein informó que el disparo había sido efectuado «a una distancia no mayor a un centímetro», lo cual la acercaba a la pista del suicidio. El 20 de mayo del 2016 se realizó una pericia por parte del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal que concluyó que «ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida».
La última discrepancia que se mantiene hasta la fecha con respecto a la muerte de Alberto Nisman pertenece a la Gendarmería Nacional. El 27 de diciembre del año pasado, tras el cambio de Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la mencionada fuerza de seguridad, que concluyó que el fiscal fue asesinado.
Los avances de la causa continuaron y el 14 de enero, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de la familia del fallecido fiscal y de Diego Lagomarsino, a casi seis años de su muerte a causa de un disparo en la cabeza. La medida fue dictada por el magistrado en diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal le ordenara acelerar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco después de que Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero
Según se reveló, Nisman tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le acercó a la Justicia la información que dio lugar al inicio de la causa por lavado de dinero que actualmente sigue en curso.
