La Justicia investiga el financiamiento de la operación en el del caso, por el que ya fueron condenados el ex vicepresidente Amado Boudou y sus socios.
Apenas cuatro meses después de que Amado Boudou y sus socios fueran condenados por la compra de la ex calcográfica Ciccone y la maniobra para que imprimiera billetes, el juez Ariel Lijo decidió ir a fondo en la causa conocida como Ciccone II, que investiga la ruta del dinero utilizaron para financiar la operación y quién la protegió.
El magistrado procesó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por abuso de autoridad y quedó acusado de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar dicha maniobra que condujo al ex vicepresidente a prisión.
Además, dictaron la misma medida contra el banquero Jorge Brito, al ex directivo del Banco Macro, a Máximo Lanusse y a la ex titular de la Casa de Moneda, Katya Daura Lijo, en este caso por ser partícipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez Lijo, sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Era la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia “quedó en manos del entorno del ex vicepresidente”.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones. Para terminar de comprender la maniobra, se inició este expediente que investigó la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la ex Calcográfica. El juez fijó tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de los fondos y el gerenciamiento de la firma y la contratación de la Ex Ciccone por parte del Estado.
