El reclamo se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el cierre de la “Causa Mendoza”.
Diversas organizaciones de derechos humanos y ambientales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino por la vulneración de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. La acción surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de cerrar la supervisión de la “Causa Mendoza” en octubre de 2024, sin consulta previa a las partes involucradas.
Desde el Ministerio Público de la Defensa de la CABA (MPD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otras entidades, señalaron que la determinación del máximo tribunal «viola los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la vida e integridad, a la salud, a la vivienda adecuada, a la niñez y al acceso a la información, así como las garantías judiciales y la protección de las familias que viven en la cuenca».
En la petición ante la CIDH, los denunciantes exigieron que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar efectivamente esos derechos y solicitaron medidas cautelares para proteger la salud de los habitantes de la zona. “No podemos permitir que el cierre de la causa implique la paralización de las soluciones habitacionales y ambientales prometidas”, expresaron.
La Corte Suprema había dictado en 2008 una sentencia colectiva que obligaba a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a reparar los daños ocasionados por la contaminación. Sin embargo, tras 16 años de ejecución, ACUMAR reconoció que el cumplimiento de soluciones habitacionales solo alcanzó el 42%, dejando a más de 700 familias sin respuestas adecuadas.
Frente a la falta de avances y el cierre inconsulto del seguimiento judicial, las organizaciones denuncian el incumplimiento de medidas esenciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. «No podemos aceptar que la falta de acción estatal continúe poniendo en riesgo la salud de las personas. La CIDH debe intervenir para exigir el cumplimiento de lo dictado en 2008», concluyeron.
