La desaceleración del aumento de precios registrada en abril trajo cierta calma en el Gobierno nacional, tras el pico inflacionario de marzo.
La desaceleración del aumento de precios registrada en abril trajo cierto alivio para el Gobierno nacional, tras el pico inflacionario de marzo. No obstante, los desafíos estructurales persisten, en especial en lo que respecta al precio de los alimentos, que sigue encabezando las subas mensuales y tracciona también al alza a los sectores vinculados al esparcimiento y la gastronomía.
El problema central no radica únicamente en la evolución de precios en góndola, sino en una estructura de costos profundamente distorsionada. A la ya elevada carga impositiva nacional se suman impuestos provinciales y tasas municipales que encarecen artificialmente productos básicos. Un ejemplo ilustrativo es el de la yerba mate: mientras el tarifero misionero cobra alrededor de $200 por kilo de hoja verde, ese mismo producto puede superar los $5.000 en supermercados, multiplicando su precio por 25.
Este fenómeno se explica por una cadena de costos que incluye la carga fiscal, la industrialización, el transporte y los múltiples gravámenes interjurisdiccionales. Las llamadas “aduanas internas” —peajes encubiertos entre provincias y municipios— contradicen el espíritu constitucional del libre comercio interior.
La Casa Rosada tiene por delante la tarea de abordar este entramado con gobernadores e intendentes, ya que no puede permitirse que en un país con abundancia de alimentos, el acceso a productos esenciales se torne prohibitivo para la población.
Además de los alimentos, otros rubros sensibles como indumentaria, medicamentos, insumos médicos, electrónicos, automóviles y servicios financieros también presentan precios notablemente elevados en comparación con otros países. La falta de competencia —resultado de una economía altamente cerrada— favorece estos comportamientos y distorsiona aún más el consumo.
A esto se suma una incoherencia macroeconómica: la inflación avanza a un ritmo del 47% anual, mientras que las tasas de interés se ubican cerca del 35% efectivo anual, generando incentivos perversos y una creciente distorsión en el sistema financiero.
La solución, advierten analistas, no necesariamente implica más gasto público, sino un proceso de desregulación, simplificación tributaria y apertura controlada del mercado. Se trata de desmontar una maraña normativa heredada —como la ley de Abastecimiento o el rol hiperactivo de la Secretaría de Comercio— que, en lugar de contener precios, consolidó monopolios y prácticas mafiosas.
Destrabar los mecanismos de competencia y transparencia en la formación de precios será clave para avanzar en la lucha contra la inflación. Cuanto antes se inicie ese camino, más rápido se sentarán las bases de una economía con reglas claras y sostenibles.
