En medio de tensiones políticas dentro de la oposición, el gobernador jujeño acusa al gobierno nacional de entregar tierra en forma ilegal a la agrupación política peronista.
Tras las versiones difundidas sobre una supuesta negociación secreta del gobernador de Jujuy y jefe de la UCR, Gerardo Morales, con el kirchnerismo, que generó un fuerte ruido en el corazón de Juntos por el Cambio, el dirigente jujeño sorprende con una denuncia que presentará alrededor de las 11 de la mañana en contra de la entrega de tierras por parte del Gobierno nacional al Movimiento Evita.
Según trascendió en la denuncia penal el funcionario de Jujuy acusa por los delitos de usurpación y abuso de autoridad a Miguel Ángel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; a Ab. María José Castillo, en su carácter de Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría De Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y en contra de la Lic. Cecilia Iriarte, en su carácter de Intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales.
El presidente de la UCR sostiene en su denuncia que es una operatoria delictiva porque «son hechos ejecutados por funcionarios públicos que, arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales, procedieron a emitir instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados».
Y agregó que «se incentiva a los “beneficiarios” de estos actos al ulterior inicio o la continuación de reclamos de titularidad, que ahora podrán venir respaldados por estos actos ilegalmente emitidos en representación del gobierno nacional».
Por otra parte sostiene “que la grosera ilegalidad con la que la documentación cuestionada acabó por ser elaborada surge a primera vista. Tal como emana de la más superficial lectura de los instrumentos en cuestión, toda la operatoria denunciada fue irregularmente enmarcada en una Ordenanza del municipio de Palma Sola”.
“Lo cierto es que esa sola ordenanza fue considerada por los funcionarios nacionales en cuestión como el único sustento legal a nivel local que sirvió para proceder a emitir, sin mayores referencias ni ulteriores fundamentos, esa serie de actos de reconocimiento teñidos de ilegalidad que aquí denunciamos. Los mismos implican, no puede desconocerse, no solo un accionar a todas luces delictivo, sino una amenaza latente de potenciales conflictos territoriales, habilitados por tal proceder por completo de irresponsable”, continúa en la fundamentación.
Finalmente, manifiesta que los funcionarios denunciados “no solo han incurrido en actos castigados por la legislación Penal, tanto en cuanto involucran un grosero avasallamiento de las competencias provinciales así como una evidente extralimitación en las atribuciones legalmente conferidas. Pero además, dado el cariz institucional de los actos emitidos, su accionar resulta particularmente grave y tiene indiscutibles repercusiones en procesos judiciales tanto concluidos, como en curso”.
