«No fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio», dijo el magistrado, sobre el capítulo de la «cartelización de la obra pública».
La causa de los Cuadernos tuvo un giro a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de más de 100 empresarios luego de que el juez federal Julián Ercolini los sobreseyera en el capítulo de la «cartelización de la obra pública».
La denuncia se basó en los movimientos financieros que realizó el financista Ernesto Clarens, quien se acogió a la figura del «imputado colaborador», y que tenían que ver con obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad a distintas empresas.
Al comienzo de la investigación, el juzgado citó a todos los empresarios de la lista que habrían sido favorecidos con esa obra pública. En primera instancia, el fallecido Claudio Bonadío procesó a todos por asociación ilícita y cohecho, pero luego la Cámara Federal pidió revisar esa decisión tras considerar que no todos los empresarios debían estar implicados.
De esta manera, el juez Ercolini advirtió que «no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio».
«Muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente –más allá del temperamento expectante adoptado-, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos», indicó en su fallo.
Es por esto que sobreseyó a Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y el financista Clarens, entre otros.
Con información de Noticias Argentinas.
