El plazo judicial para que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso se presenten en Comodoro Py vence este miércoles a las 9:30 horas.
En el marco de la causa Vialidad, el Gobierno de Javier Milei respondió al pedido de la Justicia y propuso un lugar para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años de prisión, en caso de que no le sea concedida la prisión domiciliaria que solicitó su defensa.
La información fue enviada en un sobre cerrado al Tribunal Oral Federal 2 y, por razones de confidencialidad, quedó resguardada en una caja fuerte del tribunal. “Se recibió en la Secretaría del Tribunal, en un sobre cerrado, la respuesta del Ministerio de Seguridad Nacional… y se procedió a la reserva del sobre en la caja fuerte, en atención a la confidencialidad de la información allí contenida”, informó oficialmente el TOF 2 a las partes este martes.
El plazo judicial para que Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en el caso se presenten en Comodoro Py vence este miércoles a las 9:30 horas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió un oficio del juez Jorge Gorini, quien le solicitó “asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento” de los condenados. En el caso de la expresidenta, se destacaron tres aspectos: su edad (72 años), su rol institucional como exmandataria, y las condiciones especiales de custodia derivadas del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, hecho que aún se debate en un juicio oral.
Si bien no se reveló oficialmente cuál fue el lugar propuesto por el Gobierno, trascendió que se trataría de un sector médico dentro de una cárcel federal, posiblemente el hospital penitenciario de Ezeiza.
No obstante, la posibilidad de detención carcelaria podría quedar sin efecto si prospera el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de Cristina Kirchner, quienes solicitaron que la exmandataria cumpla su condena en su domicilio ubicado en San José 1111, barrio Constitución.
La defensa argumentó que “el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, y pidió que no se le coloque una tobillera electrónica.
El tribunal ya ordenó realizar un informe socioambiental en la propiedad, y solicitó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que se expidan sobre el pedido. Tienen un plazo de tres días. Ambos fiscales ya reclamaron la detención inmediata de todos los condenados.
