El monto fue calculado por el Tribunal Oral Federal 2 y alcanza una cifra récord por defraudación en la obra pública.
La Corte Suprema de Justicia rechazó los últimos recursos de queja y dejó firme la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, quien se convirtió en 2022 en la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción en la historia argentina. Desde este martes, la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es de cumplimiento efectivo.
Pero la condena no es solo penal: junto a otros ocho imputados, la exmandataria deberá reintegrar al Estado $84.835 millones, cifra que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) calculó como sustraída mediante una “notable maniobra fraudulenta” en la adjudicación de obra pública durante los años 2003 a 2015, en la provincia de Santa Cruz.
Una estructura de corrupción sistemática
Según la sentencia del TOF 2, el esquema delictivo se basó en la asignación sistemática de 51 contratos de obras viales al Grupo Austral, empresa del empresario Lázaro Báez, socio comercial de Cristina Kirchner.
El fallo describió que el holding fue beneficiado con licitaciones amañadas, pagos por trabajos no realizados, sobreprecios y un circuito exclusivo de cobros, todo esto con la complicidad de exfuncionarios nacionales y provinciales.
“Señores jueces, es el momento, es corrupción o justicia”, había dicho el fiscal Diego Luciani al cerrar su alegato en 2022. Esa frase quedó como un emblema del caso que culminó con una sentencia que ahora quedó firme.
Los jueces concluyeron que los organismos estatales actuaron “al margen del interés público” y que se usó una “ficta legalidad” para ocultar una asociación ilícita entre el poder político y empresarios contratistas del Estado. Parte de los fondos, según la Justicia, terminaron en empresas familiares de la ex presidenta.
Además de Cristina Kirchner y Báez, también fueron condenados Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos deberán responder, además de con sus penas, con el decomiso del dinero robado.
El fallo de la Corte no solo ratifica los delitos atribuidos, sino que da vía libre para que el Estado ejecute el recupero económico de lo defraudado, cerrando así uno de los juicios por corrupción más emblemáticos de las últimas décadas en Argentina.
