El Presidente, junto a gobernadores lo expresó en un comunicado. Además advirtió que pedirá investigar “las conductas de los restantes miembros” del Máximo Tribunal.
Alberto Fernández anunció que impulsará un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, así como también reclamará que se investigue al resto de los magistrados del máximo tribunal a través de un mensaje en el que realizó un balance de 2022.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, indicó el jefe de Estado. Y agregó: “También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
En esa línea, Alberto Fernández advirtió sobre el “avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina”.
“Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, lanzó.
Asimismo, afirmó que debe “impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.
El Presiente también dio a conocer que instruirá al ministro de Justicia, Martín Soria, para que “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo”.
