Los propietarios denunciaron que el municipio rompió candados, e ingresó con maquinaria y trabajadores sin autorización.
Una nueva polémica se desató en Villa La Angostura luego de que propietarios de distintos terrenos denunciaran al municipio por haber ingresado con maquinaria y trabajadores a lotes privados sin autorización, en el marco de una obra destinada a una comunidad mapuche.
Según la presentación realizada por los denunciantes, el objetivo de los trabajos era instalar una cisterna de agua para abastecer a la comunidad mapuche Paicil Antriao, involucrada desde hace años en distintas disputas territoriales en la zona.
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El episodio ocurrió el viernes pasado y derivó en denuncias ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría. Los propietarios sostienen que personal del municipio habría forzado accesos, roto candados y avanzado con tareas dentro de propiedades particulares sin permiso previo.
Para los denunciantes, el eje del conflicto no pasa únicamente por el destino de la obra, sino principalmente por el procedimiento utilizado por el municipio. Según argumentan, el Estado local no podía intervenir sobre terrenos privados sin contar con autorización de los dueños o una orden judicial que habilitara el ingreso.
La disputa volvió a poner el foco sobre los conflictos por tierras
La situación volvió a poner en el centro de la escena la histórica disputa territorial vinculada a la comunidad Paicil Antriao en Villa La Angostura, donde en los últimos años se registraron conflictos judiciales y reclamos sobre tierras.
En otros expedientes, la comunidad mapuche ya había intentado frenar desalojos relacionados con predios ocupados e incluso presentó planteos judiciales para llegar hasta la Corte Suprema.
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El nuevo episodio reactivó además la discusión sobre los límites entre la asistencia estatal a comunidades originarias, las decisiones tomadas por los gobiernos locales y el respeto a la propiedad privada.
Mientras los propietarios afectados reclaman explicaciones por lo ocurrido y cuestionan el accionar del municipio, el conflicto amenaza con sumar un nuevo capítulo judicial en una región atravesada desde hace años por fuertes tensiones en torno a la tierra.
