El INDEC da a conocer la inflación de 2025 y se disparan una serie de actualizaciones que impactan de lleno en todos los presupuestos.
Por Roberto Pico
El sistema económico argentino inicia el año consolidando un esquema de indexación mensual que alcanza a los principales sectores de la seguridad social, el mercado laboral, alquileres, servicios, la presión tributaria y la política cambiaria, entre otros.
Poco a poco, todos los indicadores de la vida cotidiana van incorporando cláusulas indexatorias por inflación, lo cual pone al Gobierno en la obligación de llevarla a rangos internacionales en el cortísimo plazo para evitar que se fagocite a todos los sectores de la economía.
Porque a los rubros inflexibles al ajuste (en la mayoría de los casos por ley) hay que sumarle aquellos que lo toman como referencia, ya sea cuotas de medicina y colegios privados.
En síntesis, todo presupuesto familiar o empresarial está atravesado por el índice de inflación, lo cual convierte a este dato del INDEC en un pilar de la economía argentina.
El organismo difundirá mañana la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025, que además determina la de todo el año e impacta directamente en una serie de indicadores.
Este será el último dato con la “metodología vieja”, dado que desde el 1º de enero de 2026 el INDEC puso en marcha el nuevo mecanismo, cuyos detalles metodológicos serán dados a conocer recién en febrero.
El impacto
A partir de la vigencia del Decreto 274/24 y las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría de Trabajo y el Banco Central, la actualización por IPC se aplica de manera directa o referencial sobre jubilaciones, asignaciones familiares, el esquema de monotributo, la prestación por desempleo y las bandas de flotación del dólar oficial.
El rubro previsional constituye el núcleo de esta dinámica. Desde enero de 2026, las jubilaciones y pensiones administradas por la ANSES se ajustan mensualmente según el dato de inflación oficial con dos meses de rezago. Bajo este esquema, el haber mínimo se posiciona este mes en $349.303,33, cifra que se eleva a $419.303,33 al incluirse el bono extraordinario de $70.000 que el Poder Ejecutivo mantiene congelado en términos nominales. Esta metodología alcanza también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se fija en $279.443,60, y a las Pensiones No Contributivas (PNC).
Las prestaciones sociales y familiares siguen la misma línea de actualización automática. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) perciben un incremento proporcional al último IPC publicado, estableciéndose en $125.529,58 y $118.454,32 respectivamente.
El sistema de Asignaciones Familiares (SUAF), que incluye pagos por hijo, discapacidad, nacimiento, adopción y matrimonio, también refleja el ajuste mensual, impactando tanto en los montos a percibir como en los topes de ingresos del grupo familiar requeridos para acceder a cada escala. Para el mes en curso, el tope de ingreso individual para percibir asignaciones se elevó a $2.035.000, mientras que el tope máximo del grupo familiar se situó en $4.070.000. Estos montos se incrementarán según el IPC de diciembre para los pagos de febrero.
En el ámbito tributario, el régimen de Monotributo realiza una actualización semestral por inflación acumulada. A partir de esa actualización, los contribuyentes deberán realizar el trámite de recategorización, el cual tiene fecha de vencimiento el 20 de enero y se realiza a través de la página de ARCA.
Asimismo, se actualizarán el monto desde el cual los empleados en relación de dependencia empiezan a pagar el impuesto a las ganancias.
El dólar también
A la lista de ítems que ya se actualizaban por inflación, el Gobierno agregó el dólar. Las bandas de flotación para el dólar oficial, que definen los niveles de intervención de la autoridad monetaria, se deslizan mensualmente al ritmo del IPC. Este mecanismo reemplazó el antiguo sistema de devaluaciones fijas por uno de paridad real, situando para este mes el piso de la banda en $914 y el techo en $1.560. El BCRA interviene comprando divisas si la cotización perfora el límite inferior o vendiendo reservas en caso de que la demanda empuje el precio hacia el límite superior, buscando neutralizar el impacto de la inflación sobre el tipo de cambio.
El mercado inmobiliario y financiero también opera bajo índices derivados del costo de vida.
Los contratos de alquiler utilizan mayoritariamente el Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina IPC y salarios, registrando para quienes deben actualizar anualmente este mes una suba del 36,4%.
Sobre los inmuebles, ahora también pesa la actualización por costo de vida de los servicios, que serán ajustados con base en la inflación y porcentajes adicionales para recuperar atrasos de actualización.
En el sistema bancario, las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) se actualizan diariamente mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Al 12 de enero, el valor de la UVA se sitúa en $1.721,45, lo que impacta de manera inmediata en la actualización de las cuotas de créditos hipotecarios y en el rendimiento de los depósitos a plazo fijo indexados.
A esto se debe agregar todo el entramado de títulos públicos (o sea deuda del Estado Nacional) que tiene cláusulas CER.
Indirectos
Pero además de estas actualizaciones directas existen las indirectas, como por ejemplo el caso de las naftas. El impuesto a los combustibles está atado al IPC y luego se le suman los aumentos que cada petrolera dispone, lo cual suele ir en línea con la inflación.
A este grupo se le puede incorporar el sistema de medicina prepaga, que usa el IPC de referencia directa, y las cuotas de los colegios privados.
