La iniciativa modifica el marco legal del organismo, pero el debate de fondo sigue centrado en cómo evitar futuras intervenciones políticas sobre la moneda y garantizar reglas estables a largo plazo.
Por Miguel Ángel Rouco
El lanzamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) no es más que otro intento de marketing político y deja en el olvido la idea primaria del presidente Javier Milei de cerrar esa entidad.
¿Dónde quedó esa bandera de los primeros días del Milei economista devenido en la arena política? No lo sabemos aún. Lo cierto es que la reforma por sí sola no soluciona ningún problema si no viene acompañada de un severo régimen penal que castigue de manera ejemplar a quienes manosean la moneda nacional.
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El proyecto de ley solo viene a dar cumplimiento formal a lo estipulado por la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, entre las obligaciones que tiene el Congreso Nacional de proveer, entre otras, «a la defensa del valor de la moneda».
Aun con todo, ¿quién garantiza que en un futuro otra legislatura no modifique la Carta Orgánica que quiere Milei y dé por tierra con todo lo estipulado, tal como ocurrió en reiteradas oportunidades históricas, la última con el derrumbe de la Convertibilidad y, en 2012, con la última reforma de la actual Carta Orgánica?
¿Quién garantiza que otro Congreso no destruya todo el esfuerzo realizado para reconstruir una economía destruida por la voracidad de la casta política?
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Si los políticos violaron reiteradas veces la misma letra de la Constitución Nacional, sin asumir consecuencia alguna, ¿cómo dejar en manos de los políticos la salud financiera de la Nación y el destino de millones de habitantes?
Lo mismo han hecho con otras mandas constitucionales, tales como una nueva ley de coparticipación federal de impuestos y con el incumplimiento de los Pactos Federales I, II y sucedáneos, donde las provincias embolsaron millones de pesos y no eliminaron impuestos tal como se comprometieron.
El problema no es la Carta Orgánica. El problema es la anomia institucional de la Argentina y la impunidad de la casta política. Sin castigos, los crímenes se suceden y la impunidad campea libremente.
Lo único que garantiza que la política no meta mano en la economía es la dolarización de la economía, tal como ocurre en Ecuador, El Salvador y otros países, una decisión que tiene un amplio respaldo popular en esos países y que logró estabilizar la economía.
Milei debería volver a sus simientes y observar su evangelio libertario, tal como lo planteó en su plataforma electoral.
En definitiva, para garantizar la estabilidad económica y financiera de la Nación, es imprescindible quitarle poder de «fraude» a la casta política.
