Además, los interventores de la compañía, designados por el presidente Alberto Fernández, cumplirán funciones como veedores.
Luego de que el Gobierno Nacional anunciara la intervención de la cerealera Vicentin semanas atrás, el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, quien está a cargo del concurso de acreedores de la empresa, ordenó este mediodía que el directorio original vuelva a tomar el mando por un lapso de 60 días.
En base a lo decidido por el Magistrado a través de un documento de 14 páginas, los interventores designados por el presidente de la Nación Alberto Fernández cumplirán funciones únicamente como veedores de la compañía santafesina. A través del mismo texto, Lorenzini resolvió disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
“Se establece, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”, agrega la disposición judicial.
Por otro lado, el juez se declaró «incompetente» para dar una definición a los plnateos de inconstitucionalidad que recaían sobre el decreto presidencial, por lo que la Cámara de Apelaciones deberá decidir si el Magistrado tendrá que definir o no el tema en cuestión.
Días atrás los directivos de la firma plantearon una alteración en el normal funcionamiento de Vicentin tras la designación de los interventores y del “presente proceso concursal, como ser: La existencia de un proceso de verificación de créditos en curso, necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa y de atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente, necesidad de abonar salarios de miles de trabajadores, continuidad de contratos”.
Por este motivo, sumado al reclamo ante la posibilidad de que el volumen agroexportador de la compañía pudiera verse también afectado, solicitaron ante Lorenzini “la inmediata restitución de los antes señalados en sus cargos, dentro del Directorio la sociedad anónima concursada y el desplazamiento de los interventores designados, con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable”.
