El recambio legislativo que se producirá el próximo 10 de diciembre deberá sancionar un conjunto de iniciativas que sentarán las bases necesarias para poder poner en marcha la economía que se encuentra agonizando desde hace 14 años.
Por Miguel Ángel Rouco
El recambio legislativo que se producirá el próximo 10 de diciembre con un un tercio del Senado y la mitad de Diputados nuevos deberá sancionar un conjunto de iniciativas que deberán sentar las bases necesarias para poder poner en marcha la economía que se encuentra agonizando desde hace 14 años.
El Presupuesto 2026, las reformas laboral, impositiva y previsional, junto con modificaciones al Código Penal, lideran el conjunto de proyectos que la nueva legislatura deberá empezar a tratar desde los últimos días de 2025.
El Presupuesto 2026 parece tener un acuerdo generalizado y tendría pronto despacho.
La reforma laboral se presenta como el primer debate que puede encender polémicas y aparece como un choque de fuerzas parlamentarias.
A pesar del alto contenido político que rodea al debate laboral, el mercado del trabajo se muestra con un entramado normativo que traba la contratación de nuevos trabajadores y genera un desequilibrio cívico entre aquellos que tienen la fortuna de acceder a un empleo formal y aquellos que permanecen en un circuito marginal.
Estos últimos son como cadáveres civiles, ya que no pueden tener derechos tales como un horizonte previsional, cobertura de salud o, por caso, acceso al crédito bancario, ya que no pueden demostrar ingresos formales.
La situación es muy complicada porque se trata de derribar viejas trabas normativas que desalientan la contratación de personal y que generan sobrecostos para las empresas y alientan la litigiosidad.
En la actualidad, menos de la mitad de los trabajadores se encuentran con un empleo en el sector privado asalariado.
La contratación de personal en el sector privado fue disminuyendo debido a políticas económicas aplicadas durante la gestión del kirchnerismo que alentaron el empleo en el sector público, al amparo de mejores remuneraciones y menor productividad, lo cual desalentó la búsqueda de empleos en el sector privado.
Esta destrucción del empleo privado formal provocó un éxodo de gente que terminó en la informalidad, dada la baja productividad de la economía en su conjunto y el constante déficit fiscal. Se estima que aproximadamente el 40% de la población económicamente activa se encuentra empleada en una situación marginal.
De esta manera, la situación real del empleo registrado en relación de dependencia es mucho peor aún.
Al mismo tiempo, y al socaire del accionar sindical, alentado por el kirchnerismo, se disparó la litigiosidad laboral, lo que representa otro de los grandes problemas para los empleadores y que llevó a miles de PYME a tener que cerrar sus puertas al no poder afrontar los costos de esos juicios.
Todo esto, sumado a una carga impositiva alta y la rigidez normativa, hace que el incentivo para contratar trabajadores sea más bien bajo.
El Gobierno busca que la reforma laboral permita más flexibilidad en la contratación y en la resolución de los contratos, reduzca los costos laborales y disminuya la litigiosidad, para generar incentivos que permitan crear empleo en relación de dependencia y que la gente pueda acceder a la seguridad social y al crédito bancario, sin sentirse menospreciada.
El objetivo es claro: sacar gente de la informalidad y gestar puestos de trabajo que permitan absorber a las nuevas generaciones que se suman al mercado laboral y a quienes hoy tienen un seguro de desempleo disfrazado de empleo público, porque no cumplen ninguna función útil a la sociedad.
Al respecto, el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, señaló que «la actual legislación laboral solamente beneficia a los sindicatos, a los que les garantiza caja y poder, y a quienes tienen la suerte de tener un puesto en relación de dependencia. Por sobreproteger a estos últimos, se excluye a la mayoría de los trabajadores de tener ese tipo de trabajo; lo cual no solamente es violatorio de sus derechos, sino que es sumamente injusto».
Abram agregó que «hay que sancionar una legislación laboral moderna, como la que tienen los países desarrollados. ¿Alguien puede creer que en ellos no se respetan los derechos de los trabajadores? No y, además, se generan muchos más empleos de los que desaparecen; por lo que perder un trabajo no es un drama como lo es acá».
Otro punto a corregir es el enorme costo impositivo que conlleva el actual esquema laboral para las empresas.
La iniciativa oficial plantea una reducción en la carga fiscal para las empresas que contraten trabajadores y todo apunta a que los empresarios se sitúen en una condición de indiferencia entre la contratación de nuevo personal y la incorporación de capital.
Aquí, la normativa laboral se entrelaza con la reforma impositiva y la previsional, que deberán ir de la mano ya que impactan de lleno en los ingresos del Tesoro y, de manera mediata, en las arcas provinciales por su impacto en la coparticipación federal.
De allí que las negociaciones con los gobernadores adquieren una importancia crucial a la hora de sancionar todo el nuevo conjunto normativo.
Es hora de sentar las bases para un despegue económico y todos deberán ceder un poco de sus apetencias para permitir que millones de argentinos tengan una mejor calidad de vida.
