El Gobierno británico defendió el proyecto Sea Lion, ratificó su postura sobre las islas y apuntó contra la estrategia de la Casa Rosada.
El Gobierno del Reino Unido rechazó el procedimiento de arbitraje internacional impulsado por la Argentina para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y cuestionó el impacto que la medida podría tener sobre la relación bilateral. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la decisión de Buenos Aires “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta de Londres llegó luego de que el Gobierno de Javier Milei notificara formalmente el inicio del procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo argentino es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través de Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área.
Kumaran reafirmó la posición británica sobre el territorio y sostuvo que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. Según la funcionaria, las actividades hidrocarburíferas se realizan bajo la legislación vigente en las islas y dentro del marco del derecho internacional. La postura se encuentra en línea con una declaración del Foreign Office del 18 de septiembre, cuando Londres también defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos.
Londres endureció su respuesta por el proyecto petrolero
En su declaración, la ministra calificó el arbitraje promovido por Argentina como un intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas. También afirmó que Londres transmitió su posición al embajador argentino en el Reino Unido y cuestionó las medidas impulsadas por Buenos Aires contra empresas y personas vinculadas con las actividades económicas en las Malvinas.
El punto de mayor tensión apareció cuando Kumaran vinculó directamente la disputa por los recursos hidrocarburíferos con la relación entre ambos países. La funcionaria sostuvo que las acciones argentinas “plantean interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, llevando la discusión más allá del conflicto jurídico por Sea Lion y hacia el vínculo diplomático bilateral.
Del otro lado, la administración de Milei sostiene que la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta los derechos soberanos argentinos. El Gobierno ya había anunciado procedimientos sancionatorios contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona y, el 28 de septiembre, ordenó iniciar el arbitraje internacional previsto por la CONVEMAR.
La estrategia argentina contempla además una instancia urgente. Buenos Aires intimó a Londres a adoptar medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con Sea Lion y anticipó que, si no obtiene una respuesta favorable, buscará una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Mientras tanto, el Reino Unido mantiene su respaldo al proyecto y a las autoridades de las islas, por lo que el conflicto suma ahora una nueva dimensión jurídica, económica y diplomática.
