El hijo de exPresidente Jair Bolsonaro habría interferido en las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado al actual mandatario, Luiz Inácio Lula Da Silva.
La primera sala de la Corte Suprema de Brasil inicia este viernes 14 de noviembre el juicio contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el presunto delito de coacción judicial.
El parlamentario fue denunciado por la Fiscalía General (PGR) el 22 de septiembre, junto con el periodista Paulo Figueiredo, por supuestamente amenazar a autoridades brasileñas con eventuales sanciones de Estados Unidos para interferir en las investigaciones sobre la intentona golpista de 2022. El objetivo habría sido proteger a su padre, ya condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos vinculados al intento de golpe de Estado.
El proceso se desarrollará en sesión plenaria virtual, donde se analizará si existen elementos suficientes para acusar formalmente al legislador. La sala está integrada por cuatro ministros: Alexandre de Moraes —relator del caso y primer votante—, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino, este último el juez que condenó al expresidente.
La votación se extenderá hasta el 25 de noviembre. Si el Supremo Tribunal Federal (STF) acepta los cargos, Eduardo Bolsonaro —radicado en Estados Unidos desde febrero— quedará formalmente acusado y se abrirá una causa penal en su contra.
El caso tiene además un componente diplomático. Todos los ministros de la Corte, excepto Luiz Fux, André Mendonça y Kassio Nunes Marques —estos dos últimos designados por Jair Bolsonaro— fueron sancionados por Estados Unidos.
Eduardo Bolsonaro ha admitido públicamente haber impulsado presiones internacionales contra autoridades brasileñas. Incluso se atribuyó intentos de activar la Ley Magnitsky contra el ministro Alexandre de Moraes, una normativa que permite a Estados Unidos aplicar sanciones a funcionarios extranjeros acusados de violaciones a los derechos humanos o corrupción.
La investigación se conecta directamente con el expediente sobre el intento de golpe. Según la Policía Federal, mensajes obtenidos en el marco de la causa muestran que el diputado asesoró a su padre sobre declaraciones públicas y advertía que cualquier cambio en la estrategia comunicacional en Estados Unidos podría “echar por tierra algunas acciones”, señal de la coordinación familiar en las presiones sobre el sistema judicial.
