Ingresos Brutos y otros impuestos locales, en el centro de los cuestionamientos por su impacto en la producción.
Por Miguel Ángel Rouco
La enorme cantidad de intereses cruzados y la defensa de un pasado ominoso son las causas por las cuales se genera la sensación de que la economía no arranca, aunque se trata solo de un espejismo.
Mientras la casta política —término de mi autoría— busca mantener sus propios privilegios por sobre el interés general, la economía carga con un verdadero “salvavidas de plomo” que tiene nombre propio: provincias y municipios.
La gigantesca presión fiscal que ejercen las jurisdicciones locales y diferentes administraciones subnacionales oficia como un peso excesivo sobre el aparato productivo y ahoga toda posibilidad de generar riqueza.
La presencia y el mantenimiento de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, junto con la creación de impuestos encubiertos como tasas por parte de muchos municipios y el abrumador peso de verdaderas aduanas interprovinciales, convierten a la actividad productiva en inviable y someten a la mayoría de la población a soportar una altísima tasa de inflación.
Todo ello se hace en aras de mantener una estructura burocrática provincial y municipal que resulta ineficiente e improductiva, y que condena a la población a situaciones de pobreza extrema y miseria como las que viven, por ejemplo, las personas de menores ingresos en provincias como Formosa, La Rioja o Santiago del Estero, por citar algunos casos extremos.
Mientras las provincias sostienen una elevada presión fiscal sobre la economía privada, las burocracias del interior se dan lujos y aumentan deliberadamente el gasto público ineficiente.
Un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso (FLyP) señala que “el gasto primario consolidado creció un 8,9% en términos reales entre 2024 y 2025”.
El documento analizó los números de 23 provincias, a excepción de La Pampa, y concluyó que “el aumento alcanzó a todas las jurisdicciones, donde el conjunto pasó de superávit a déficit primario. Mientras la Nación redujo impuestos por el equivalente a alrededor del 3% del PBI, el aumento del gasto provincial limita el margen para aliviar la carga tributaria sobre empresas y familias”.
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Más adelante, la entidad destacó que “la reducción del gasto público permitió al Gobierno nacional recuperar el equilibrio fiscal y avanzar en rebajas tributarias que, según estimaciones oficiales, representan alrededor del 3% del PBI desde el inicio de la gestión. Entre las medidas se encuentran la eliminación del Impuesto PAIS y las reducciones de retenciones y aranceles. Para la FLyP, las provincias deben acompañar ese proceso ordenando sus cuentas y disminuyendo los tributos que encarecen la producción”.
El documento detalla que “los mayores aumentos reales del gasto primario se registraron en Santiago del Estero (48,1%), Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%), aunque también se observaron incrementos de dos dígitos en otras doce provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, el gasto creció un 9,1%, mientras que en la provincia de Buenos Aires aumentó un 1,4%”.
El resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones relevadas. Nueve pasaron de superávit a déficit: CABA, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Para la FLyP, “una de las prioridades debe ser retomar la reducción de Ingresos Brutos prevista en el Consenso Fiscal de 2017, cuyo sendero fue posteriormente suspendido y abandonado”.
Según un relevamiento sobre la presión tributaria, la FLyP estimó que la industria manufacturera, que debía converger hacia una alícuota del 0%, enfrenta una mediana provincial del 1,5%. En electricidad, gas y agua, la mediana alcanza el 3,1%, frente a una meta original del 0%; y en intermediación financiera se ubica en el 8,5%, por encima del 5% previsto.
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Más adelante, la FLyP explicó que “Ingresos Brutos grava la facturación incluso cuando una empresa pierde dinero y se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. Esa estructura encarece los insumos, el financiamiento y los bienes que compran las familias”.
En vista de este efecto cascada, la entidad propuso “avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal con metas anuales verificables de reducción del gasto y de los impuestos distorsivos”. También reclamó evitar que las rebajas tributarias sean compensadas mediante nuevas tasas, percepciones o anticipos. La reducción sostenible de impuestos, según la FLyP, exige disciplina fiscal en los tres niveles de gobierno, para que el alivio tributario llegue a la inversión, la producción y el empleo formal.
Para el director de la FLyP, Agustín Etchebarne, “las provincias primero deben reducir el gasto político, eliminar privilegios y ordenar el Estado provincial para poder bajar los impuestos que asfixian a quienes producen”.
