La iniciativa impulsada por el oficialismo cuestiona los criterios técnicos, regulatorios y económicos del sistema de advertencias en alimentos.
El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2022, y eliminar los octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas envasadas.
La iniciativa ingresó el pasado 22 de mayo y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El texto propone dejar sin efecto la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y dedica gran parte de sus fundamentos a cuestionar el sistema actual de etiquetado.
La norma obliga a que los productos alimenticios exhiban advertencias visibles cuando presentan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías.
Los argumentos del Gobierno para eliminar los octógonos
En el proyecto, el oficialismo sostuvo que la experiencia acumulada desde la implementación de la ley permitió detectar “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”.
Según el texto, el sistema vigente utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicados de manera homogénea sobre alimentos con características nutricionales muy distintas.
El Gobierno cuestionó especialmente que no se contemplen aspectos como la densidad nutricional, el grado de procesamiento, las porciones efectivamente consumidas o las particularidades tecnológicas de cada categoría alimentaria.
Buscan derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos: los detalles del proyecto
Además, criticó la metodología utilizada para calcular los octógonos al considerar que está basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto, algo que —según argumentó— genera resultados “inconsistentes o desproporcionados”.
Otro de los puntos centrales del proyecto es que, para la Casa Rosada, el país ya cuenta con un sistema de información nutricional armonizado en el ámbito del Mercosur, incorporado al Código Alimentario Argentino.
En ese sentido, el oficialismo sostuvo que la coexistencia de distintos mecanismos de advertencia genera “superposición regulatoria” y mayores dificultades de implementación y fiscalización.
El impacto en las provincias y las críticas por los costos empresariales
El proyecto también apuntó contra las diferencias en la aplicación de la ley entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según el Gobierno, varios aspectos vinculados a entornos escolares y compras públicas alimentarias dependen de las jurisdicciones locales y presentan distintos niveles de implementación.
A la vez, el texto retomó varios de los cuestionamientos que históricamente realizaron empresas alimenticias contra la norma.
El Gobierno enviará al Congreso cuatro proyectos de ley en medio de tensiones internas
El oficialismo aseguró que la ley genera sobrecostos e ineficiencias en producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, además de afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Según el proyecto, las pymes enfrentan mayores dificultades para afrontar gastos relacionados con el rediseño de envases, la adaptación de líneas de producción, la administración de stock y la evaluación técnica de nutrientes.
El Gobierno advirtió además que estas exigencias podrían incentivar procesos de concentración de mercado en favor de compañías con mayor capacidad económica.
Julio Cobos cuestionó la iniciativa oficial
Uno de los impulsores de la Ley de Etiquetado Frontal, el exvicepresidente y exdiputado nacional Julio Cobos, criticó duramente la decisión del Gobierno de avanzar contra los octógonos negros.
El dirigente mendocino sostuvo que la ley fue el resultado de “un largo proceso de construcción democrática” basado en evidencia científica y en el trabajo conjunto de especialistas, organizaciones de salud y legisladores.
El etiquetado frontal de alimentos fue reglamentado: cómo serán los sellos negros
Además, cuestionó que el Ejecutivo retomara argumentos históricamente utilizados por sectores empresarios que se opusieron a la norma desde sus inicios. Cobos afirmó: “Pareciera que el lobby empresario encontró eco en la decisión oficial”.
También remarcó que, si existían deficiencias técnicas reales en la implementación de la ley, el camino adecuado debía ser proponer modificaciones respaldadas por evidencia científica y debate público, en lugar de avanzar directamente con su derogación.
Entre los principales argumentos incluidos por el Gobierno para eliminar los octógonos aparecen las supuestas limitaciones técnicas y económicas del sistema, la necesidad de armonizar regulaciones con el Mercosur y el impacto de los costos regulatorios sobre las pymes alimenticias.
