La hermana del ex ministro de Agricultura Luís Miguel Etchevehere aseguró que fue ella quien permitió el ingreso a los trabajadores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que responden a Juan Grabois.
En medio de la polémica por la supuesta usurpación de un campo de la Familia Etchevehere en Santa Elena, Entre Ríos, la hermana del exministro de Agricultura de la Nación Luís Miguel Etchevehere rompió el silencio y aseguró que «no hay usurpación» porque «el ingreso fue sin violencia» y «está todo filmado».
«Es un conflicto que surge a partir de la muerte de papá. La sucesión se transforma en objetivo para reclamar mis derechos hereditarios y que se cumplan«, aseguró en diálogo con TN Dolores Etchevehere, y sumó: «Cuando comienzo a investigar empecé a ver en el expediente sucesorio diferentes actos de corrupción en el que yo no participaba pero al ser socia natural de mis hermanos, me implicaba“
Cabe destacar que fue ella quien cedió su parte de las tierras -el 40% del total- al dirigente social y referente de la CTEP Juan Gabrois para llevar adelante un proyecto agroecológico.
Pese a esto, desde su familia aseguran que ella no tenía control sobre la propiedad y la acusan de usurpación, pero ella lo desmiente rotundamente
“Estoy en mi casa. Luis Miguel Etchevehere también está en una casa de la sucesión y yo nunca le consulto a quién invita o qué proyecto impulsa desde su casa. No me llama por teléfono y me dice quién viene para pedir permiso. Cuando hace reuniones de trabajo, que también pertenece a la sucesión, no me consulta y yo tampoco le pregunto“, aseguró.
Cabe destacar que el campo, ubicado en el noreste entrerriano, vivió el ingreso de un centenar de personas adherentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) el pasado jueves, todos liderados por el mencionado Grabois quien además actúa como abogado de Dolores.
La mujer además acusó a sus hermanos de haber hecho «muchos fraudes al Estado” y contó: “Tomaron créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja; créditos subsidiados para el Estado los llevaron a los bolsillos. El BCRA lo ratifica y la PROCELAC hizo una denuncia, pero cuando la Justicia de Entre Ríos tiene que actuar, se frena todo”.
